186 trabajadores de la Defensoría se reparten ¢4.358 millones al año

Al año 186 trabajadores de la Defensoría de los Habitantes se reparten unos ¢4.358 millones.

Se trata de un gasto en remuneraciones que se lleva el 74% del presupuesto de la entidad, según datos aportados por la propia institución referentes al 2022.

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La tendencia es similar para este año y los periodos anteriores. En promedio, cada uno de los trabajadores de la institución recibe ¢1,8 millones al mes, al contemplar los 12 meses de salario y el aguinaldo.

El dato cobra relevancia en momentos en que los diputados discute el nombramiento del nuevo Defensor de los Habitantes.

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La Defensoría es una institución que en los últimos años ha sido fuertemente criticada por su labor.

Primero, por supuestamente estar enfocada únicamente en la población sexualmente diversa, mientras que más recientemente se le cuestionó por sus posturas en torno a los derechos humanos. Por otra parte, ninguno de sus pronunciamientos es vinculante.

Ayer, el nombre la abogada Kathya Rodríguez Araica cobró fuerza como una posibilidad. Ella es apoyada por el Frente Amplio, PLN y algunos legisladores del Partido Liberal Progresista.

Ella fue directora de Migración y Extranjería del 2010 al 2016. Actualmente, es funcionaria de la Defensoría, en donde se desempeña como directora de Niñez y Adolescencia.

En ese sentido el PLN desistió de impulsar a Laura Arguedas, especialista en derechos humanos y jefa de asesores de su bancada.

El otro aspirante es Erick Ulate de la Asociación de Consumidores Libres, quien cuenta con el respaldo del PUSC, Nueva República, Progreso Social y varios diputados del Liberal Progresista.

“En el caso del accidente en Cambronero, Erick Ulate como integrante del CTP, se opuso a aplicar medidas cautelares a la empresa involucrada en el accidente, pues el bus accidentado tenía más de 15 años circulando, contrario a lo que establece la ley; asimismo, votó a favor de apoyar la extensión de la vida útil de las unidades de autobús de 15 a 20 años, a pesar de las recomendaciones jurídicas de que era necesario garantizar la seguridad de los usuarios”, dijo Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio.

En todo caso, el nuevo defensor tendrá que lidiar con una institución cuyos pronunciamientos no son vinculantes y que prácticamente ha pasado desapercibida para el grueso de la población en los últimos años.