30 mil colaboradores de Uber al borde del desempleo por indecisión de políticos por casi ocho años

Casi ocho años de desinterés e indecisión por parte de los políticos en torno a la regulación de las plataformas de movilidad colaborativa como Uber, podrían derivar “en un devastador” aumento del desempleo de la noche a la mañana.

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Si se confirma una sentencia laboral en la fase de casación en contra de la compañía, Uber podría ser obligada a reconocer extremos laborales de miles de conductores y por ello, es probable que se vaya del país.

“La sentencia de este juez laboral traería consecuencias devastadoras si fuera una sentencia en firme. Dichosamente hay apelación. ¿Por qué devastadora? Porque significaría la pérdida de decenas de miles de oportunidades de empleo a partir de la utilización de plataformas tecnológicas como UBER, DIDI, RAPPI, GLOVO. También nos afectaría seriamente a todos los usuarios de servicios de transporte, mensajería y entrega de alimentos a domicilio. Habría menos servicios y mucho más caros. Resumen: perdemos los consumidores y miles se quedarán sin poder generar ingresos con esos servicios”, dijo el exdiputado Otto Guevara.

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La empresa ha sufrido problemas legales en todas partes del mundo, como por ejemplo en el Reino Unido, en donde perdió en dos ocasiones el permiso para operar en Londres o en Barcelona, en donde incluso amenazó con irse debido a las regulaciones y prohibiciones.

Sin embargo, al final del día se han logrado establecer regulaciones particulares en cada país, de manera tal, que la compañía se ha mantenido brindando el servicio, aunque con reglas específicas de seguridad, tarifas y otros detalles, las cuales, permiten la competencia con los taxis convencionales.

Actualmente, no hay Uber en países como Cuba, Corea del Norte, Siria y Crimea, mientras que la compañía opera en más de 600 ciudades alrededor del mundo.

El problema, es que la presencia de Uber y otras plataformas en Costa Rica ha estado rodeada de inseguridad jurídica desde 2015 cuando empezó a operar en suelo nacional.

Esto, porque los diputados y los últimos dos gobiernos han presentado diversas propuestas para regular a Uber y otras plataformas, pero ninguna ha logrado superar el penoso trámite legislativo.

Asimismo, en varias ocasiones su accionar ha sido declarado ilegal por parte del Poder Ejecutivo.

“Pienso que el gobierno de Carlos Alvarado no tuvo verdadera voluntad política en este tema y no impulsó su discusión como debía hacerse; asimismo, también los diputados tuvimos algo de culpa, porque la verdad es que el Congreso pudo haber llegado a acuerdos con voluntad, pero no lo hicimos”, dijo Roberto Thompson, quien fue diputado del PLN en el periodo anterior y que brindó estas declaraciones a LA REPÚBLICA a un mes de dejar el cargo.

Más recientemente, el presidente Rodrigo Chaves presentó una propuesta que apenas da su primeros pasos, por lo que en principio es como un borrón y cuenta nueva.

Por otra parte, la empresa anunció ayer que apelará la sentencia en su contra.

Asimismo, hizo hincapié en que se trata de un caso particular y por ello, no se puede extender para todos los socios colaboradores.

“Esta resolución es de primera instancia y no tiene carácter definitivo. Estaremos presentando un recurso de apelación ante el Tribunal correspondiente para que valore la fundamentación legal de la sentencia. En todo caso, lo que se dicte en este proceso aplicaría solo para el caso particular de esta persona”, dijo Uber.

Este lunes, el juzgado de trabajo de Desamparados falló a favor de una persona de apellido Morales, quien había presentado una demanda desde el 2017.

En Costa Rica se estima que hay unos 30 mil socios conductores de la empresa.

“Celebramos la decisión porque ahora UBER estará en igualdad de condiciones con las otras empresas en Costa Rica. El propósito de este caso no es que la empresa se vaya del país, es que se respeten los derechos laborales, como lo hacen el resto de las empresas. Este es un precedente regional para poder avanzar en el uso de las tecnologías respetando los derechos de las personas y particularmente los derechos laborales”, afirmó David Delgado, socio de la firma Más Legal Asesores que llevó el caso.