Contrato establece un 1% de la facturación por cada día perdido

Caja puede cobrar por atrasos en estudio de pensiones

Confidencialidad cobija a altos jerarcas para no referirse a insatisfacciones

La Caja puede cobrar por los atrasos que se presenten en la entrega del estudio de pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Como ayer informó este medio, actualmente la institución está experimentando problemas con la consultora argentina a cargo del estudio, lo que podría postergar la presentación del estudio, o en un peor escenario, cancelarlo.

El contrato establece que el contratista deberá pagar un 1% por cada día de atraso del monto total facturado cuando los productos no se presenten a tiempo.
Cualquier incumplimiento grave que sea detectado por la Caja le faculta para disolver el contrato, dice el acuerdo.
En este momento, la confidencialidad cobija a Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja y Edgar Robles, superintendente de Pensiones.
Ambos funcionarios públicos omitieron referirse al contrato por ¢100 millones y a la confiabilidad de los resultados.
La precisión y certeza son importantes, debido a que el IVM es el fondo de pensiones más grande del país, al contar con ¢2 billones de reservas.
El informe determinará si se deben realizar cambios en la edad de retiro, en las cuotas y aportes del Estado, pero en especial, si habrá dinero para pagar las pensiones de los costarricenses en el futuro.
“No estamos en un momento procesal oportuno para emitir criterio, por estar en ejecución contractual, se tiene entendido que se han recibido productos a los que se le han hecho observaciones de tipo técnico, de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa”, dijo Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
La Comisión Técnica, integrada por la Supen y la Caja, ha devuelto varios productos al consultor por no estar satisfechos con el resultado.
Lo anterior se traduce en una ampliación de los plazos para que este mes se tengan listos tres de los productos.
El cronograma de la entrega de los productos se encuentra incluido dentro del contrato. Se señala que uno de los productos rechazados, el denominado “análisis retrospectivo”, debía estar listo al finalizar el segundo mes.
El informe final debe estar listo en un plazo máximo de seis meses, a partir de la notificación del contrato de compra, según indicó la Caja en febrero del presente año.
Eduardo Melinsky, consultor argentino encargado del estudio, señaló por medio de un correo electrónico que aspectos contractuales le impiden referirse al proceso.
Melinsky cuenta con un permiso “no prorrogable”, del Colegio de Ciencias Económicas, hasta el 31 de enero, para realizar el estudio.
Este informe se está haciendo porque la Supen afirma que el fondo de pensiones de la Caja entrará en problemas para pagar las pensiones a partir del año 2023, mientras el Seguro Social dice que la etapa crítica iniciará en 2040.

María Siu Lanzas
msiu@larepublica.net