Cambio en ley busca evitar quiebra de pequeños negocios

Costo en patentes de licor bajaría

Monto del permiso se cobraría según cantidad de producto adquirido

Un cobro menor en las patentes de licor para evitar que pequeños comerciantes enfrenten eventuales quiebras, es lo que se pretende con una reforma legal planteada ayer.

El plan busca evitar el cobro desmedido aprobado hace poco más de un año con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Licores.
Con esta se establecieron nuevas categorías, de modo que negocios pequeños se han visto obligados al pago de hasta ¢379 mil trimestrales, lo que ha comenzado a dejar por fuera a algunos.
El cambio se realizaría en el artículo 10 de dicha ley, que hasta el momento establece un pago trimestral definido de acuerdo a si el comercio tiene como actividad principal la venta de licores.
La idea es establecer un pago del 1% sobre la compra de licores en cada comercio, aunque podría hablarse de un 0,5%, comentó José Salazar, del Partido de Acción Ciudadana.
De esta forma se pasaría de un modelo de cobro de tarifa única a otro sobre el porcentaje de producto que posea.
La propuesta llega a la Asamblea a manos del PAC, aunque la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario también presentarían sus propios textos para discutirlos en sesiones extraordinarias en agosto.
Esto pese a que diputados de prácticamente todos los partidos habían estado de acuerdo en la reforma que motivó los altos cobros.
La nueva propuesta se produce luego de diversas reuniones que han tenido a nivel político con patentados especialmente en zonas rurales, áreas donde recae la mayor afectación.
Con menores ingresos, a ese público se le dificulta aún más cumplir con un pago trimestral mínimo de ¢379 mil y que puede llegar hasta los ¢758 mil para un minisúper.
Aunque se han devuelto pocas licencias de ventas de licor, lo cierto es esta situación ha provocado que muchos patentados han optado por no realizar el pago correspondiente, de lo contrario serían muchos los que ya hubieran cerrado, explicó Gustavo Arias, diputado del PAC.
No contar con el ingreso suficiente como para saldar sus deudas y la espera de un cambio gracias a recursos de amparo interpuestos, motivó a la mayoría de patentados a abstenerse del pago.
“Esto está impactando negativamente, tenía otro negocio totalmente aparte pero tuve que cerrarlo. Me están cobrando casi ¢2 millones desde agosto a la fecha”, explicó Rony Arce, dueño de Minisúper San Cayetano.
Con la reforma llegaría una respuesta a ese público, compuesto por más de 7 mil comerciantes que cuentan con la licencia.
Por otro lado, al cambio en el cobro se le sumaría una mayor restricción a las municipalidades.
En la ley se establece que los ayuntamientos pueden definir el monto del cobro y requisitos para acceder a una licencia, sin embargo esta libertad cambiaría.
Con la medida en un inicio se pretendió que la autonomía municipal se pudiera expresar, pero parece que la situación no funcionó.
“El sistema municipal ha hecho un mal manejo, hemos hecho un análisis de una docena de reglamentos, de los peores está el de Sarapiquí son normas reglamentarias abusivas”, explicó Marielos Alfaro, del Movimiento Libertario.

María Fernanda Cisneros
mcisneros@larepublica.net