Con suma cautela, Defensoría ve con lupa el contrato para evitar millonarias secuelas

“Es mejor un mal arreglo”: vía a San Ramón

Monto por lucro cesante genera preocupaciones

Ofelia Taitelbaum, defensora de los habitantes, se abraza a la cautela cuando habla sobre el finiquito de la concesión del contrato para ampliar la carretera entre la capital y San Ramón.
Aunque defiende que lo ideal sería que el Estado no pague un cinco por romper el contrato que se le había otorgado a una empresa brasileña, reconoce que el tema debe analizarse con calma porque un mal cálculo más bien podría costarle caro al país y postergar por años su modernización.
Esa es la principal conclusión de la entrevista que se le realizó a la defensora del pueblo al superar 100 días desde el anuncio que hizo la presidenta Laura Chinchilla de romper “por mutuo acuerdo”, la concesión para agilizar la circulación en la ruta más transitada de Costa Rica.

¿Se mantiene en pie la posibilidad de participar en la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se declare la nulidad del contrato con OAS?
El recurso lo presentó el Foro Nacional, ellos lo que hicieron fue pedirnos una coadyuvancia, ellos usaron nuestros argumentos para presentar el Contencioso. Nosotros en algún momento dijimos que creíamos que antes de lograr un acuerdo (entre el Estado y la empresa) se debían tomar en cuenta ciertos elementos.

Conforme se adentra en el contrato, parece que se ha alejado un poco más a la idea de que OAS se vaya sin un cinco...
Algo habrá que reconocerle a la empresa por el traspaso de Autopistas del Valle a OAS. OAS le pagó a Autopistas del Valle una plata y va a pedir que le devuelvan esa parte. No quiero casarme con una posibilidad.

¿Entonces no hay certeza de alguna irregularidad en el contrato?
Lo que les dijimos es que vamos a estudiar. ¿Por qué de una vez no le digo que sí o no? Porque esto puede tener eventuales consecuencias económicas, puede que la empresa contrademande; no puedo ser irresponsable de poner a la Defensoría en esa disyuntiva. Si mañana le aceptan los argumentos a OAS de que sí había que pagarle, a nosotros nos podrían implicar económicamente. Hemos venido insistiendo que no se atrase más el procedimiento con un juicio de diez años y que en ese tiempo no se pueda hacer nada.
¿Las pruebas que tienen son suficientes para sustentar las hipótesis de que hay algo malo en este proyecto para poder convencer a los jueces?
Puede ser, pero eso únicamente lo pueden decir los Tribunales.

Hay sectores que consideran que es más conveniente un arreglo de consenso que un pleito, pues podría tardarse sus años en resolverse y atrasar la reparación de la ruta a San Ramón, ¿cuál es su posición al respecto?
Nosotros creíamos que a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito para no atrasar una carretera de tal importancia, pero no nos parece lógico pagar lo que pide OAS.

Algunos juristas estiman que si el Estado y OAS ganan el juicio, se corre el riesgo de que se le tenga que pagar el lucro cesante. ¿Ha analizado ese escenario la Defensora?
Precisamente eso es lo que nosotros estamos estudiando bien. Imagínese usted que hoy OAS dice: “A mí me pagan $46 millones y yo me voy para la casa y ustedes siguen con esa carretera, si ustedes no me pagan $46 millones, no solo vamos a pedir ese monto, sino también el lucro cesante”, que bien pueden ser $500 millones. Si los argumentos que tenemos son muy sólidos, el Gobierno debería tratar de tranzar en mucho menos.

¿Se tenía las de ganar y ahora hay dudas?
Puede ser que no haya que pagar un cinco, es posible, pero se duraría mucho con la carretera sin modernizar. Lo que le costaría esto al turismo y a la competitividad sería mucho. Pero lo importante también es que se sienten responsabilidades, parece que más de uno actuó de forma negligente. Aquí hay un tema de responsabilidad, de gente que ha dejado el asunto ahí sin darle un segundo pensamiento. Eso no debe quedar impune.

¿Se han hecho los estudios de cuánto sería el lucro cesante que habría que pagarle a la empresa, en caso de que no encuentren anomalías en la concesión y no se llegue a un arreglo?
No, acabo de dar lo que era como un batazo (en alusión a los $500 millones que mencionó). Oí que podía ser un montón de dinero por esas magnitudes. Es una cifra que debo confirmar.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net