Proyecto recibió ayer la orden de inicio para el 19 de enero

Nueva terminal ya no tiene marcha atrás

Si se paralizara obra por algún recurso, el gobierno tendría que indemnizar al concesionario

La nueva terminal de contenedores de Moín tiene por fin fecha de inicio. El 19 de enero arrancan los 33 años de la concesión, incluidos los tres años de construcción de la obra, que según sus desarrolladores, empezará ese mismo día.
Pero si por alguna razón, los recursos de nulidad y de amparo que están preparando los opositores al proyecto tienen éxito y se paralizan las obras, el atraso sería responsabilidad del gobierno y tendría que indemnizar a la empresa concesionaria.
La orden de inicio, otorgada por el Consejo Nacional de Concesiones, se da apenas dos días después de que la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) diera luz verde al proyecto. Fueron cuatro años y cuatro meses de espera, luego de que APM Terminals presentara su oferta formal al gobierno.
La concesión debió enfrentar una serie de tropiezos que incluyeron demandas por el contrato de concesión y cuestionamientos de tipo ambiental. Mientras no se salvaran todos los obstáculos, el gobierno no podía dar el aval para iniciar los trabajos ni tampoco hacerse responsable de los retrasos, debido a que eran responsabilidad de la compañía.
No obstante, ahora la situación cambia. Tras los avales de los últimos dos días, ahora es responsabilidad del Estado cualquier atraso que se presente.
El sindicato de muelleros presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, pues afirma que Setena se negó a darle información sobre el estudio de impacto ambiental.
Por su parte, los ambientalistas presentarán una revocatoria y apelación al fallo de dicha secretaría, por considerar que habrá un daño ambiental irreversible si se construye la obra.
Si alguno de estos recursos, u otros que se puedan presentar en el futuro prosperan, el gobierno deberá asumir las eventuales consecuencias, que pueden ir desde reconocer un reajuste en el contrato, hasta una indemnización, en caso de que no pueda realizarse la obra.
Un reajuste en el contrato sería un escenario poco deseable para el gobierno. Tras 14 meses de atraso en las obras, APM podría alegar una actualización de los costos y de la rentabilidad.
Si fuera así, tendría que analizarse la petición y buscar el visto bueno de la Contraloría, lo que podría llevar varios meses más.
Si los recursos no prosperan, o no se toman medidas cautelares, todo quedaría previsto para arrancar el 19 de enero, por lo que las constructoras tomarán los días previos para instalar sus campamentos y desarrollar trabajos menores antes del inicio formal de la obra.
La conclusión de la primera etapa estaría lista para finales de 2017 o inicios de 2018, aunque se espera que pueda estar en menos tiempo.
Cuando esté en operación, el puerto debe destinar el 7,5% de los ingresos brutos para el desarrollo de la provincia limonense. Se estima que en el primer año esta cifra alcanzará los $10 millones, y el promedio para los siguientes años rondaría los $60 millones.
Una vez finalizados los 33 años de la concesión, Japdeva podría asumir el control del puerto o bien, mantener a APM como operador de dicha obra.

Rodrigo Díaz
rdiaz@larepublica.net