Con nuevas normas pagarán hasta casi 70 veces más

Patentes de licor ahogarían a comercios

Plan de cambiar la ley está apenas iniciando

El recorte de personal y hasta el cierre del negocio serían parte de lo que sufrirían algunos comercios, sobre todo los minisúper y pulperías, debido al aumento en el costo de las patentes de licor.

Con una nueva normativa, estos comercios en muchos casos pagarán ¢379 mil cada trimestre para poder vender bebidas alcohólicas, un incremento superior a 30 veces más, comparado con el costo actual de ¢11 mil.
Los grandes supermercados también están afectados al tener que pagar un monto trimestral de no menos de ¢758 mil, en lugar del monto de ¢11 mil, que ellos también pagaban antes.
Sin embargo, el impacto en ellos es menor, siendo la patente un costo relativamente bajo, como porcentaje de los ingresos totales.
A modo de solución, grupos empresariales se reúnen para plantear una reforma de ley, que reduciría los cobros.
Sin embargo, en este momento, ni siquiera está elaborada.
Otra solución para el comercio, sería la de dejar de vender las bebidas alcohólicas; no obstante, no vender una lata de cerveza o una botella de guaro, reduciría el volumen de clientes que a menudo también compran otros productos.
Las empresas sufren el impacto de las nuevas normas este mes, cuando varias municipalidades empezaron a ejecutar una ley, aprobada en agosto pasado, dijo Ana Teresa Vásquez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Detallistas.
Otro problema tiene que ver con la inconsistencia con la cual las municipalidades aplican las nuevas reglas, incluso la fecha en que empiecen a regir las normas.
También podría suceder que una pulpería sea catalogada como un minisúper, y así estar obligada a pagar ¢758 mil por trimestre.
“La barbaridad más grande es haberles dejado a las municipalidades hacer sus propios reglamentos, pues han demostrado que no saben cómo administrarlo”, explicó Manuel Burgos, presidente de la Cámara de Restaurantes.
En total existen más de 7 mil patentados que perciben problemas con este reglamento.
Respecto a una posible solución grupos como la Cámara de Detallistas, de Restaurantes, de Patentados y de Turismo, se unieron para ver cómo revierten los cobros.
Su ideal es presentar a más tardar en la primera semana de julio un proyecto de ley que resuelva el problema.
“Por los efectos que se están viendo y la urgencia del caso, esperamos que nos den una pronta respuesta, aunque no podemos pecar de positivismo”, explicó Burgos.

María Fernanda Cisneros
mcisneros@larepublica.net