Acuerdo Stand-by con el FMI por $2.250 millones en peligro de atrasarse

Si los diputados no aprueban este mes de julio un préstamo de $508 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se corre el riesgo de que el acuerdo Stand-by con ese organismo multilateral por $2.250 millones se atrase, afectando las posibilidades de que Costa Rica obtenga recursos internacionales en medio de la emergencia sanitaria del Covid -19, según el presidente Carlos Alvarado.

Ante este panorama, Alvarado y su equipo económico solicitaron “respetuosamente” a los diputados que aprueben el empréstito. El dinero servirá para gasto corriente del año en curso.

“Este préstamo por $508 millones es fundamental en la ruta de financiamiento fiscalmente responsable para el 2020 y además, es la llave para avanzar en la negociación del acuerdo Stand-by con el FMI, para cubrir las necesidades brutas de financiamiento para el otro año, que se estiman en más del 14% del PIB”, dijo Pillar Garrido, ministra de Planificación.

Y es que el acuerdo Acuerdo Stand-by con el FMI por $2.250 millones que vendría después del crédito de $508 millones, permitirá cubrir una parte de las necesidades brutas de financiamiento del 2021.

Además, significaría un marco formal para las acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad fiscal a corto y mediano plazo, que se espera permitan alcanzar un superávit primario del orden de un 2% del PIB en el año 2024 y reducir la deuda del Gobierno Central al 50% del PIB para el año 2034, dijo el gobierno.

Congelar los salarios en el sector público, realizar una reforma en el servicio civil y subir los impuestos existentes o crear otros nuevos se encuentran entre las recomendaciones del FMI para solventar la crisis fiscal que vive Costa Rica.

Lea más: Posible acuerdo entre FMI y Carlos Alvarado es repudiado por Albino Vargas

De igual forma se hizo un llamado a considerar la venta de activos, con el fin de disminuir en tres puntos porcentuales la diferencia entre ingresos y egresos que vive el país y que ya se estima alcanzaría un 70% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las recomendaciones se habrían realizado durante abril en un documento que pronosticaba el impacto de la pandemia en las finanzas públicas, pero que a su vez, recomendaba una serie de acciones para sanear las finanzas públicas.

Varios partidos de oposición se niegan a votar el préstamo de $508 millones de manera apresurada, como demanda el presidente.

El recorte del gasto debe ser obligatorio para el gobierno, antes de exigir más recursos.

“Seguimos insistiendo en un mayor recorte, no solo los ₡355.000 millones en el presupuesto extraordinario por un orden del 1% de PIB, debemos llegar a un 2% en recortes del presupuesto, consultorías, viajes, viáticos, publicidad y otros”, dijo Carlos Avendaño, diputado de Restauración Nacional.

Mientras tanto, la Unidad demanda reactivación económica.

“El Poder Ejecutivo debe ser claro en decirle a los diputados y diputadas en qué van a gastar los recursos provenientes de los empréstitos, si no hay transparencia y una ruta clara, no contarán con el voto de nuestra fracción. En estos momentos urge que el Gobierno le tienda una mano a los sectores productivos del país, estableciendo una ruta clara de reactivación económica. Es necesario un recorte real del gasto público, y no menos importante, exigimos un plan de pagos de la deuda que sostiene el Gobierno con la Caja”, dijo Rodolfo Peña de la Unidad.