Queda un mes para reformar legislación de 1942

Agoniza plan para ordenar concesiones de agua

Bajará disponibilidad del líquido por persona

Ordenar las concesiones de agua residenciales e industriales con base en la disponibilidad del líquido por sectores es el objetivo de un proyecto que podría morir en cuestión de un mes. Se trata de la reforma a la Ley de Aguas.

El desabastecimiento es un problema que golpea prácticamente a todo el país, y esto ocurre no solo por la baja en los caudales, sino por la falta de un mapa hídrico que permita conocer la situación real del agua.
De momento hay hipótesis que apuntan a que la disponibilidad de agua bajará de 25 mil a 19 mil metros cúbicos per cápita por año, como producto del crecimiento económico y la población costarricense.
Hoy, las concesiones se rigen por una ley que data de 1942, e incluye aspectos risibles como multas de ¢180 por contaminación de manantiales y prioriza nutrir a un ferrocarril antes que a un beneficio cafetalero o al desarrollo de fuerzas hidroeléctricas.
Por años distintas propuestas pasaron por el Congreso sin llegar a buen puerto y todo apunta a que la Ley de Gestión del Recurso Hídrico correría con la misma suerte.
“El Poder Ejecutivo retiró el proyecto en diciembre. Una vez que sea convocado, los diputados tendrán poco tiempo para finalizar todo el trámite; si no se alcanza el plazo, los nuevos diputados tendrán cuatro días para conocerlo y aprobarlo o rechazarlo e iría al archivo”, indicó José Lino Chaves, viceministro de Agua y Mares.
De aprobarse la iniciativa, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía tendría a su cargo desde la revisión de caudales hasta el control de la comercialización y explotación del agua.
“El país hoy no cuenta con un balance nacional para hacer planes reguladores, no sabemos cuánto es el caudal de agua y es necesario. Hoy hay 15 instituciones que tienen que ver con el recursos hídrico, pero no hay gobernanza”, agregó Chaves.
La nueva ley además establecería penas más fuertes para contaminación de mantos acuíferos y deja la posibilidad de mitigar el daño ambiental con reparación y compensación social. Las multas irían de los ¢6,4 millones a los ¢15,4 millones.
Un aspecto importante para las empresas es que el canon de aprovechamiento no se toca, por lo que no habrá incrementos. Sin embargo, si a raíz del mapeo hídrico se llega a determinar que una operación está desabasteciendo a una comunidad se podría pensar en retirar el permiso de explotación porque prima el interés público.
De momento, el plan B es instalar una red de monitoreo con una inversión de ¢2.500 millones. El dinero se tomará de un fondo creado justamente con la recaudación del canon de los últimos años.
En un plazo de seis meses a un año se espera tener al menos una base del balance hídrico. “Independientemente de que se apruebe la ley iniciaremos con la separación formal de la Dirección de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional, esperamos que el Ministerio de Hacienda nos apruebe 63 nuevas plazas”, dijo Chaves.
La infraestructura es otro problema que se suma a la falta de planificación debido a que muchos de los equipos de captación son de hace 30 años.

María Siu Lanzas
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