Alemania busca multar a redes sociales por discursos de odio

Alemania amenazó con multar a redes sociales como Facebook con hasta 50 millones de euros, es decir $53 millones, si no dan a los usuarios la opción de quejarse de discursos de odio y falsas noticias, o se niegan a eliminar contenido ilegal.

En virtud del primer proyecto de ley presentado por Heiko Maas, ministro de Justicia, los representantes corporativos responsables correrían el riesgo de multas separadas de hasta 5 millones de euros. De ser aprobado, el proyecto de ley sería la regulación más estricta que enfrentaría Facebook en el conjunto de los países donde opera.
"Tenemos que aumentar la presión sobre las redes sociales", dijo Maas a la prensa. "Se elimina muy poco contenido ilegal, no se elimina con suficiente rapidez y da la impresión de que los operadores de las redes sociales no toman a sus usuarios muy en serio".
Mientras la campaña electoral alemana se acelera con miras a la votación del 24 de setiembre, el gobierno de Angela Merkel aumenta la presión sobre las redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y publicaciones maliciosas.
Maas planea discutir la legislación con otros ministerios y funcionarios de la UE en las próximas semanas.
Facebook tiene unos 29 millones de usuarios en Alemania, y ha dicho anteriormente que trabajará con organizaciones fiscalizadoras independientes para detectar noticias falsas y etiquetarlas con una advertencia. La empresa no respondió inmediatamente a una llamada y un correo electrónico en los cuales se le solicitaban declaraciones.
Si bien Facebook dice que se toma “muy en serio” la responsabilidad de luchar contra el discurso de odio y las noticias falsas, no deben instrumentarse medidas en un plano general porque eso podría tener un impacto indeseado en la libertad de expresión, dijo Eva-Maria Kirschsieper, representante de Facebook en Alemania.
Twitter y Facebook eliminaron solo un 1% y un 39%, respectivamente, del contenido señalado como ilegal por sus usuarios, dijo Maas citando un estudio encargado por su Ministerio.
Mencionó a YouTube de Google como ejemplar, diciendo que la plataforma de video suprime un 90% de los contenidos ilegales.
"Las empresas que no establecen una gestión eficaz de las quejas o que no lo hacen de manera adecuada —en particular, no eliminando contenido ilegal de manera completa u oportuna— están cometiendo un delito administrativo", dice el borrador del Ministerio de Justicia al explicar en qué casos se aplica la amenaza de multas.