Arranca investigación política de caso “Barrenador” en la Asamblea Legislativa
Entre los diputados hay temor de que el gobierno pretenda golpear a la CCSS
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 22 octubre, 2024 02:39 p. m.
Determinar si existió corrupción en los contratos que firmó la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con un puñado de cooperativas, es el objetivo de la comisión especial investigadora del Congreso que arrancó este martes.
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De entrada, los legisladores convocaron a 70 personas para que se refieran al caso Barrenador, tal y como lo han llamado los investigadores del OIJ.
El listado de nombres incluye a la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Eugenia Esquivel (suspendida del cargo); al fiscal general, Carlo Díaz, y a la contralora general de la República, Marta Acosta.
En ese sentido, diputados de la Unidad y el PLN hicieron un llamado a realizar una investigación profunda y seria.
Entre los diputados hay temor de que el gobierno pretenda golpear a la CCSS.
El caso se llama Barrenador porque la corrupción sería desde adentro de la institución, al igual que la larva que infecta a los animales de sangre caliente.
“Que sea una comisión con buen prestigio, que los medios de comunicación y los costarricenses reconozcan un trabajo serio. Y dado que se acerca un año preelectoral, que no sea una comisión que se preste para hacer un show o cosas de ese estilo”, afirmó la diputada María Marta Carballo del PUSC.
Para la legisladora, se deben abordar temas fundamentales como las listas de espera, la falta de especialistas y la necesidad de infraestructura en la CCSS.
La comisión sesionará todos los martes entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.
Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS.
La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.
Se confirmaron 8 detenciones. Se trata de altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.
“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.
La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía.
