Una moratoria a los cultivos transgénicos, aunado a políticas de apoyo y promoción de la agricultura orgánica, es un avance y aumento en competitividad

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Arroz con mango transgénico

El pasado 14/10/14 el Prof. Giovanni Garro, del ITCR, escribe un confuso artículo donde hace un “arroz con mango transgénico” intentando confundir a los lectores de este diario en torno al tema de los cultivos transgénicos, para oponerse al proyecto de ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos).
Por lo afirmado por el Sr. Garro, pareciera que no ha leído el proyecto, o ni siquiera ha entendido su título, ya que el tema en cuestión es única y exclusivamente los cultivos transgénicos, y no el “del uso de las tecnologías modernas de mejoramiento genético”, como generaliza.
El proyecto tampoco hace alusión al tema de “experiencias científico-tecnológicas con microorganismos”.
Quienes apoyamos este proyecto de ley: organizaciones de productores agropecuarios, Cámara de Apicultura, ministerios de Agricultura, de Salud y de Ambiente, así como ecologistas y ciudadanos informados en esta materia, en conjunto con los acuerdos tomados por el 92% de las municipalidades del país, no nos basamos en “posibles dudas”, como afirma el Sr. Garro, sino en evidencias concretas de los impactos y riesgos negativos (ambientales, sociales, comerciales, y sobre la salud) que han producido los cultivos transgénicos en los últimos 20 años en los pocos países que los tienen (solo 27 en el mundo).
Esta evidencia puede consultarse en el enlace goo.gl/jymWZH, donde se encuentran más de un millar de documentos.
En cuanto a la cacareada “mejora” de los cultivos transgénicos, esta no ha pasado de ser una estrategia publicitaria basada en un “potencial” que no han podido demostrar en dos décadas.
Garro afirma de forma temeraria, sin citar la fuente, que el número de empleos involucrados en la siembra de cultivos transgénicos en Costa Rica ronda los 500. ¿De dónde habrá sacado esta información a todas luces dudosa? Además, omite indicar que las empresas Semillas Olson, Semillas del Trópico y Dekalb Genetics Corporation de Monsanto, que se han dedicado a cultivar transgénicos, adeudan más de ¢166 millones a nuestra seguridad social (CCSS, FODESAF, IMAS). ¿Es este el tipo de empresas que debemos favorecer?
En cuanto a la normativa jurídica, está aceptado que existen lagunas y vacíos importantes (goo.gl/GdT9iz) que deben resolverse elaborando una ley de bioseguridad y una reglamentación de etiquetado apropiadas. No es conforme a los principios indubio pro natura, precautorio y de la salud, dar permisos a una actividad tan riesgosa como esta con la deficiente normativa actual.
Contrario a lo que Garro afirma, una moratoria a los cultivos transgénicos, aunado a políticas reales de apoyo y promoción de la agricultura orgánica, representa un avance y aumento en competitividad, especialmente para productos de exportación, reforzando nuestra reputación de ser un “país sin ingredientes artificiales”.
Recientemente la FAO identificó poco más de 200 rechazos de importaciones de alimentos transgénicos, que fueron destruidos o devueltos al país de origen, para posiblemente ser reexportados a países sin controles como el nuestro (goo.gl/UYGLJw).

Jaime García González

Dr.sc.agr. Prof. catedrático UNED-UCR,

biodiversidadcr@gmail.com