Carta Abierta
En las actuales condiciones de las finanzas públicas, asumimos el compromiso de explicar a todos los costarricenses la situación actual, los riesgos que enfrentamos y la necesidad de actuar.
Carta Abierta
En los inicios de la construcción de nuestra patria firmamos un pacto con la justicia, la libertad, la institucionalidad. Fuimos pioneros y atrevidos. Con el paso del tiempo, con el trabajo y la visión colectiva, lo sellamos con la educación, la salud y el medio ambiente hasta construir un Estado solidario.
Los costarricenses nos hemos caracterizado por nuestra vocación para el diálogo como una forma de vida y una actitud ciudadana. Sin embargo, en años recientes hemos tenido dificultad para llegar a acuerdos concretos para dar respuesta a los desafíos políticos, económicos y sociales que nos garanticen mejor calidad de vida con sostenibilidad. Un ejemplo de ello es la imposibilidad de llegar a un gran compromiso para salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No debemos permitir que el problema fiscal se nos convierta en un mal crónico. Garantizar la solvencia del Estado es un tema de interés nacional que va más allá de un gobierno en particular. Discutir y consensuar una solución al desbalance fiscal no debe postergarse. En los últimos 60 años el desarrollo del país se ha caracterizado por un crecimiento económico robusto que promedia el 5% anual, una inversión pública que promueve la movilidad social y el acceso de la población a servicios públicos, una democracia sólida basada en el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad, así como una política ambiental reconocida internacionalmente.
Pero el pacto social que ha sustentado este modelo de desarrollo durante las últimas décadas muestra fisuras importantes. Hemos caído en un círculo vicioso de insuficiencia de recursos y de deterioro en infraestructura y servicios públicos, que se agrava ante la resistencia de la población a pagar impuestos, argumentando que los beneficios que obtiene del gasto público son cada vez más limitados.
Esta Administración ha realizado esfuerzos importantes para fortalecer los ingresos fiscales y contener el gasto corriente. Estos esfuerzos incluyeron el diseño, discusión y aprobación legislativa de varios componentes de una reforma fiscal sin que se haya podido materializar el principal componente tributario por razones ampliamente conocidas. A pesar de estos esfuerzos, el déficit fiscal continúa en niveles cercanos al 5% del producto interno bruto (PIB), nivel claramente insostenible en el mediano y largo plazo.
Durante los últimos nueve meses hemos mantenido un amplio proceso de consultas, cuyos aportes contribuyeron a la elaboración del documento “En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un Diálogo Nacional”. El documento consta de un diagnóstico y un inventario de opciones para enfrentar la situación fiscal, no necesariamente consensuadas, que nos servirán en las próximas semanas para profundizar el diálogo con todos los sectores de la sociedad, con el fin de identificar las áreas de mayor convergencia que se plasmen en uno o varios proyectos de ley.
Aspiramos a que esta agenda orientadora de un Diálogo Nacional amplio y transparente nos permita identificar las acciones necesarias para asegurar la integridad económica del Estado. El diálogo girará en torno a cuatro elementos: 1) el fortalecimiento de la gobernabilidad y la transparencia fiscal; 2) una mayor eficiencia y calidad en el gasto público; 3) un sistema tributario y aduanero más simple, progresivo y justo y 4) una estrategia de financiamiento y ejecución de inversión pública más efectiva.
La preservación de la integridad financiera del Estado es un mandato constitucional que debe balancearse con el precepto de cubrir necesidades sociales básicas de la población. En décadas recientes Costa Rica le ha dado más prioridad al incremento del gasto público para satisfacer estas necesidades que a los mandatos que salvaguardan las finanzas públicas, lo que ha llevado a que un alto porcentaje del gasto se financie con deuda. Pero tan importantes son los derechos que se protegen con el gasto, como el derecho que tienen los ciudadanos de que su Estado sea financieramente sostenible.
Entendemos que no es usual discutir alternativas fiscales a menos de cuatro meses de las elecciones y que hacerlo no ha sido bien visto dentro de la forma tradicional de hacer política. Quienes tenemos hoy responsabilidades públicas en el Gobierno sabemos que en pocos meses estaremos cediendo nuestros cargos. En esas circunstancias, lo más cómodo sería terminar de administrar las finanzas públicas mientras llega el 8 de mayo. Pero estamos convencidos que esa no sería una posición responsable frente a los costarricenses. Y aun cuando no pretendemos que las fuerzas políticas adopten posiciones definitivas en este lapso, la democracia las valida como actores de primer orden para fomentar el diálogo, muy especialmente cuando este se refiere al pacto social que hemos construido.
En las actuales condiciones de las finanzas públicas, asumimos el compromiso de explicar a todos los costarricenses la situación actual, los riesgos que enfrentamos y la necesidad de actuar. Una sociedad responsable debe conocer claramente los desafíos que tiene, entender que los problemas no se resuelven solos, sino con el empuje y el respaldo de todos.
No podemos postergar más el esfuerzo para encontrar la solución a esta compleja problemática fiscal que compromete el bienestar y la prosperidad del país. Este diálogo que empezamos hoy será incluyente y transparente, por lo que insto a todos los sectores a que participen activamente en esta decisión nacional.
Edgar Ayales
Ministro de Hacienda