Cinco años de cárcel sería la pena por intimidar o tomar represalias contra defensores del ambiente

Una pena de prisión de tres a cinco años de cárcel es la que podrían recibir las personas que realicen actos de intimidación o represalias contra defensores de los derechos humanos y del ambiente.

Esa es la intención de una propuesta que se presentó precisamente después de que la Asamblea Legislativa decidiera archivar el Acuerdo de Escazú, un Tratado regional que se gestó en Costa Rica, pero que el país decidió no ratificar.

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Y es que los asesinatos del ambientalista Jairo Mora, o los líderes indígenas Sergio Rojas o Jehry Rivera, son casos que ponen en contradicho la imagen internacional de Costa Rica como un país defensor del ambiente y de la paz.

“El proyecto viene a reconocer, desde el punto de vista jurídico, que cualquier delito en contra de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente, tiene un componente distinto, pues se realiza a causa de su labor en defensa de esas causas”, dijo Montserrat Ruiz, diputada de Liberación Nacional (PLN).

A pesar de que no participó de la votación que rechazó una moción que ampliaría “la vida” del Acuerdo de Escazú, el Estado costarricense tiene como obligación acatar otros convenios internacionales vinculantes sobre este tema.

“Resulta indispensable que el país adopte una legislación a fin de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, tal y como lo establecía el Acuerdo de Escazú. Si bien el tratado fue archivado, no podemos, como país, dejar pasar estos años sin contar con mecanismos de protección para las personas activistas”, agregó Ruiz.

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Una Defensoría especial encargada de la protección de las personas activistas, que estará a cargo de la Defensoría de los Habitantes, es lo que propone esta iniciativa.

Esta entidad deberá brindar orientación a las instituciones públicas para que realicen actividades preventivas y ofrecer asistencia a las personas activistas cuando se encuentren en situaciones que hagan peligrar su vida.

La propuesta podría mejorar la situación actual de los defensores del ambiente, pero resulta contradictorio que se haya presentado después de “enterrar” el Acuerdo de Escazú, según Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad.

“Hay que decir que de repente es muy contradictorio que no se haya aprobado el Acuerdo de Escazú, que el PLN haya sido parte de la oposición al tratado internacional y ahora impulse un proyecto en la misma línea de ese acuerdo regional”, dijo Picado.

Asimismo, asegura que el Estado costarricense tiene una deuda con las organizaciones y los defensores ambientales en materia de derechos humanos y de poblaciones indígenas, incluso recordada por las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre 1992 y 2017 se identificaron un total de 650 acciones colectivas ambientales en territorio costarricense, según el Informe del Estado de La Nación del 2018.

La presión por el uso del patrimonio natural, el desarrollo de proyectos turísticos -sobre todo la construcción de hoteles - y el crecimiento urbano son los motivos usuales de conflicto que registra el informe.

En caso de aprobarse la propuesta, el gobierno tendrá un plazo de un año para emitir un reglamento, mientras que la defensoría especial creada debería entrar en funcionamiento después de 18 meses.