Comercios se oponen a prohibir venta de licor en los minisúper
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Lunes 20 noviembre, 2017
Con el propósito de evitar que las personas ingieran licor en lugares públicos, Javier Cambronero, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), impulsa un proyecto de ley para eliminar las licencias para la venta de alcohol en los minisupermercados.
Mientras tanto, los comerciantes se quejan de un exceso de regulación que afectaría los negocios, sobre todo si se considera que el consumo de licor en lugares públicos ya se encuentra normado.
La normativa afectaría a aquellos comerciantes que se localicen en las zonas de uso residencial, o a menos de 100 metros de centros educativos públicos y privados.
Asimismo, abarca centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realizan actividades religiosas que cuentan con el permiso de funcionamiento correspondiente, hospitales, clínicas y centros de atención especial para adultos mayores.
El proyecto ya está en el plenario para su votación en primer debate, tras dictaminarse la semana pasada en la Comisión Especial de Niñez, Juventud y Adolescencia.
“La norma que regula las bebidas alcohólicas no tomó en cuenta las condiciones particulares de los minisúper. Por eso, ahora encontramos frecuentemente personas consumiendo licor en las aceras cercanas a dichos establecimientos y esto provoca problemas en áreas residenciales y cerca de los centros educativos u hospitales”, indicó Cambronero.
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Los principales enemigos del proyecto son 7 mil comerciantes que existen en el país. Ellos mediante la Cámara de Comercio consideraron que se está incurriendo en un exceso de legislación, porque las conductas que preocupan al proponente del proyecto ya se encuentran reguladas y penadas mediante el Código Penal de Costa Rica.
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“Con restringir el otorgamiento y la autorización de licencias a negocios no se va a evitar que las personas ingieran licor en lugares públicos.
No se debe trasladar la responsabilidad a los minisúper pues no son los garantes de las acciones de los consumidores, sino es el mismo comprador el responsable de sus conductas, por lo que no resulta necesario sobrerregular, si ya existe normativa penal que sistematiza este tema específico”, destacó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.
