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Comprobar penetración del narcotráfico en la política es complicado, según Fiscalía

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 17 agosto, 2021 02:22 p. m.


La palabra investigación sobre un fondo gris y una lupa
Archivo/La República.


La falta de recursos, el secreto bancario y diversos obstáculos burocráticos afectan la labor de la fiscalía a la hora de comprobar la penetración del narcotráfico.

Durante una comparecencia hoy en la comisión investigadora, Wagner Molina, fiscal general a.i y Emilia Navas, exdirectora del Ministerio Público, se refirieron al problema del crimen organizado.

Lea más: Supuesto grupo narco tuvo contacto con 13 diputados y exdiputados desde el 2015

“En el país hay indicios de que este fenómeno penetró la política. Sin embargo, hasta el momento esto no se puede afirmar, porque no existen sentencias condenatorias por casos de este tipo”, Molina, quien confirmó que desde el 2015 se han realizado 15 investigaciones sin arrojar resultados.

Un total de 13 diputados actuales y exlegisladores del período anterior, tuvieron contacto con líderes de una supuesta banda narcotraficante que fue desmantelada meses atrás por las autoridades, lo cual, derivó en una investigación política.

Se trata de legisladores del PLN, PUSC, Restauración, Movimiento Libertario y Frente Amplio.

Lea más: Fiscalía analizará visitas de grupo narco a la Asamblea Legislativa

Los integrantes de la banda registraron más de 30 visitas a la Asamblea Legislativa entre el gobierno anterior y esta administración desde el 2015. El registro de ingreso del Congreso detalla reuniones en los despachos de los legisladores mencionados.

Los investigados habrían invertido al menos $20 millones (¢12.400 millones) en lujosos bienes en Escazú, Santa Bárbara, Alajuela y Limón.

La tesis de la Policía Judicial es que la banda negociaba de manera directa la cocaína que trasegaba entre Colombia y Europa, sin intermediarios.

Esto les permitió obtener valiosos vehículos, quintas, apartamentos y hasta un motel valorado en $8 millones.

Por estos hechos, las autoridades detuvieron el martes a 24 personas y se incautaron ¢1.500 millones en efectivo.


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