Cuestionamientos por concesión serán vistos hoy en el Congreso

Concesión a examen

Pedro Castro atenderá la comparecencia en defensa de la construcción de la vía

Las explicaciones en torno a la contratación de la empresa OAS para la ampliación de la carretera San José-San Ramón se darán hoy ante la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa.

Para esto, fueron citados Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, y Edwin Torres, secretario técnico de concesiones.
Los vecinos de San Ramón y comunidades aledañas realizaron cabildeo previo con diputados especialmente de oposición, para evitar que se ejecute la obra concesionada.
Además, un grupo de especialistas en ingeniería, economía y derecho que estudian el contrato a profundidad darán a los legisladores un informe previo que expone supuestas irregularidades a discutir.
Asimismo, Manrique Oviedo, diputado del PAC, tiene dudas sobre los métodos empleados para la fijación de tarifas de peajes, donde asegura que se tomó como referencia el flujo vehicular de 2004, que era menor al de esta fecha.
“Desde el punto de vista jurídico no se puede hacer nada. Esto solo puede detenerse si la ciudadanía actúa”, comentó Oviedo.
Los vecinos de la zona argumentan que Castro influenció en su labor como exasesor de la firma brasileña OAS para que esta se quedara con la concesión por la vía rápida.
Además, reclaman un supuesto secretismo del Gobierno al no brindar detalles previos antes de que se refrendara el contrato.
El secretario del Concejo Municipal de San Ramón, Silvino Sánchez, envió una solicitud el 13 de diciembre pasado a Castro, para que se les dieran a conocer los detalles de la ampliación de la carretera.
El Ministro remitió esta solicitud en enero a Rodrigo Rivera, viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, así como a Edwin Rodríguez.
En dicha carta donde delega la tarea, Castro les solicitó que programen la visita a ese cantón “una vez que exista el refrendo correspondiente, que podría ser en marzo”.
Otra irregularidad cuestionada por el grupo de vecinos fue el refrendo del contrato por parte de la Contraloría, sin haber recibido una revisión de precios en los peajes por parte de Aresep.
Ante la consulta, en Aresep afirman que estas revisiones a los precios las realizan solamente en obras públicas, por lo que no les correspondía esa tarea.
Respecto a la viabilidad de que un costarricense pague ¢80 mil de su bolsillo mensuales para financiar la carretera, Castro sostiene que el beneficio de tener una vía más eficiente lo percibirá el usuario al ahorrar ¢40 mil por mes debido al menor tiempo de recorrido.
De la misma manera, señaló que ha tenido reuniones con diversos grupos, pero que hasta el momento ninguno le ha dado argumentos técnicos válidos contra la construcción de la carretera.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net