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Contraloría confirma irregularidades en CNP ante Comisión de Ingreso y Gasto

Brenda Camarillo bcamarillo@larepublica.net | Jueves 30 septiembre, 2021 04:30 p. m.


Martha Acosta, contralora general de la República
Marta Acosta, contralora general. Archivo-Shutterstock/La República.


Auditorías realizadas por la Contraloría General de la Republica revelaron debilidades en los programas de ventas y entregas de productos, del Consejo Nacional de Producción (CNP) y su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

Así lo confirmó esta tarde su jerarca Martha Acosta ante la Comisión de Ingreso y Gasto que realiza una investigación sobre el tema.

Irregularidades en la entrega de paquetes, así como inconsistencias en la aplicación de controles que no garantizan que los mismos sean entregados a los beneficiarios correspondientes, fueron algunas de los señalamientos.

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Asimismo, la contralora destacó que existen diferencias de casi el doble en los precios de las cotizaciones entre el CNP y otros proveedores privados para la atención de la pandemia.

“Las diferencias de casi el doble en los precios de las cotizaciones entre el CNP y otros proveedores privados hacia la CNE, por los mismos productos requeridos para la atención de la emergencia, muestran la poca competitividad en cuanto a precios que ofrece el Consejo, lo que obliga a esa entidad a revisar los mecanismos y criterios que utiliza para fijar los precios de sus productos hacia valores más cercanos a los precios de mercado”, dijo Acosta.

Ante esta situación, la funcionaria agregó que el país requiere adoptar decisiones integrales y estratégicas para mejorar la gestión pública y en el caso del CNP, en torno a su vigencia, propósito, funcionamiento y organización.

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Respecto al PAI, los principales compradores son las juntas de educación que representan un 63% los CEN-CINAI y el Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo expuesto por la funcionaria.

Esto deja en visto que la metodología de precios permite que se le pague a los suplidores precios mayores a los que el mismo CNP define como máximos permitidos, lo que podría implicar que los precios que se le cobra a sus clientes (instituciones públicas) sean mayores que los de mercado.


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