Costa Rica es responsable por muertes de personas defensoras de Derechos Humanos

El Coronavirus exige que el Estado costarricense tome todas las acciones posibles para aplanar la curva epidémica y ralentizar la propagación, por lo cual es comprensible la dedicación de la mayoría de los recursos estatales, en este momento, para cumplir este propósito pensando en el bien común. No obstante, aún en esta emergencia no podemos permitir que el Estado desatienda todas las demás obligaciones que tiene, particularmente con poblaciones que requieren una mayor protección. Es por esto, que aún, o sobre todo, en un contexto de una pandemia mundial, las personas defensoras de Derechos Humanos, deben de tener las condiciones idóneas para poder realizar su trabajo, ya que son claves para que los gobiernos y estados sean más transparentes y responsables.

Ha sido evidente que el Ministerio de Salud ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones estatales, al informar a la población, de manera diaria y accesible, sobre la situación del Coronavirus, los riesgos, avances, recomendaciones, número de casos confirmados, de personas fallecidas, de personas descartadas y de personas recuperadas, entre otras. Pero, ¿qué hubiera pasado si nuestro gobierno no hubiera cumplido con esta tarea de prevenir un mayor número de contagios, como está ocurriendo en otros países como Nicaragua y Brasil? Es en contextos donde los estados no cumplen con sus mandatos, que cobra mayor importancia el trabajo de las personas defensoras de Derechos Humanos, ya que su labor implica la tarea de confrontar el poder, los privilegios y los prejuicios, y por lo tanto se ven expuestas a una amplitud de riesgos y violencias.

Nos encontramos en una situación de una pandemia que merece la atención del Estado costarricense, no obstante es imperativo considerar que también se requiere, mayor vigilancia y monitoreo desde la Sociedad Civil, para que nuestro país no violente derechos, garantías y libertades individuales y colectivas, así como el orden democrático y el Estado de derecho, que es justamente lo que nos permite exigirle por ejemplo, a nuestro gobierno que actúe y que lo haga velando por el bienestar y la salud de toda la población de Costa Rica.

Para dar un ejemplo en los tiempos actuales, acerca de cómo el Estado tiene y debe de tener un poder limitado y que debe de ser vigilado, imaginemos un agente de policía que decide por su cuenta, golpear o dispararle a alguien que sale de su casa, sin más razón que no cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Podríamos reprochar moralmente o éticamente a esa persona no acatar las medidas de prevención pero de ninguna forma, en esta crisis, tiene autoridad la Policía para que golpee o dispare a la persona que desobedezca las medidas solicitadas por este Ministerio aunque sí la pueda detener.

Es indiscutible que la prioridad actual es atender la emergencia de la pandemia causada por el Coronavirus, no obstante esto no impide que este gobierno y en particular, el presidente Carlos Alvarado, pueda cumplir con su responsabilidad de poner en marcha una comisión interinstitucional compuesta entre otras por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad Pública, la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), así como por el Sistema de Naciones Unidas y para que trabajen codo a codo con Sociedad Civil, en la creación de un mecanismo de protección y protocolo de investigación para las personas defensoras de Derechos Humanos. En el caso de la Defensoría de los Habitantes, urge que a. Investigue acerca de la situación de violencia en contra de personas defensoras de Derechos Humanos, incluyendo un monitoreo del cumplimiento estatal de las obligaciones antes mencionadas y realice recomendaciones técnicas, b. Apoye las labores de la Sociedad Civil, y c. Cree un sistema de datos que permita contabilizar este tipo específico de denuncias en tanto la omisión en la recolección, sistematización y análisis de las denuncias de ataques a las personas defensoras de Derechos Humanos constituye en sí una grave violación a las obligaciones estatales.

Recordemos, que son las personas defensoras de derechos humanos quienes contribuyen de manera esencial a la observancia de los Derechos Humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad, en tanto activan los mecanismos que mantienen vivos el sistema democrático y el estado de Derecho. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008) Es por esto, que durante décadas, organizaciones de Sociedad Civil han denunciado las agresiones a las personas defensoras de Derechos Humanos, incluyendo aquellas defensoras del ambiente y de los territorios. No es casualidad, que en el 2015, incluso se logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, brindara medidas cautelares a pueblos indígenas. Esto resultó insuficiente para que Costa Rica garantice la realización del trabajo de las personas defensoras de Derechos Humanos, cómo se comprobó con los asesinatos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera, por lo que se puede afirmar tajantemente que la omisión estatal para resolver estructuralmente los ataques a las personas defensoras de Derechos Humanos, ha tenido como consecuencia los asesinatos de defensores de Derechos Humanos.

Una breve recapitulación

Este incumplimiento fue señalado ya en el 2017, por el Comité CEDAW, el cual expresó, entre otros, preocupación por las declaraciones políticas y campañas públicas estigmatizadoras y peyorativas dirigidas a las defensoras de derechos humanos, y recomendó como que se velara por su seguridad personal y les dieran garantías para la realización de su trabajo. El Estado no acató ninguna de estas recomendaciones.

Para el 2018, durante las elecciones presidenciales costarricenses, con la escalada de violencia, aumentaron también los crímenes de odio, tal y como lo documentó el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), incluyendo ataques a personas defensoras de Derechos Humanos. Esto se le hizo saber en su momento, días antes de su renuncia, a quien era entonces Defensora de los habitantes, sin que se consiguiera que ésta tomara acción alguna para garantizar protección. La propia Defensoría aceptó en ese momento que no recolectaba datos sobre las agresiones a las personas defensoras ni sobre los posibles crímenes de odio y que no lo haría a corto o mediano plazo.

En febrero del 2019, y ante el cambio de jerarca de la Defensoría, esta institución tuvo conocimiento de la agresión por parte de agentes estatales en contra de una defensora de Derechos Humanos, pero este hecho quedó impune ante el silencio de las autoridades correspondientes. El resultado ante esta inacción, como era de esperar, fue que la defensora de Derechos Humanos agraviada, se sintió amedrentada y decidió no presentar denuncia formal en tanto carecía de razón por la falta de voluntad estatal ya demostrada, y temiendo que presentarla resultaría únicamente en la revictimización.

Un mes después, ante la preocupación por el asesinato de Sergio Rojas, la Defensoría recibió la solicitud de su intervención, para que el Estado costarricense actuara con celeridad, ya que, no contaba con un mecanismo de protección e protocolo investigación para personas defensoras de Derechos Humanos, y para que las autoridades estatales tomaran todas las acciones para que este crimen no quedara en la impunidad y no se volviera a repetir con otras personas líderes indígenas.

Para mayo de ese mismo año, Costa Rica recibió en el Examen Periódico Universal, recomendaciones de 6 países sobre esta temática. Desgraciadamente, tampoco se tomó acción en ese momento y la consecuencia de esa omisión estatal, resultó en la muerte de Jehry Rivera en el 2020.

¿De cuántas agresiones muertes de personas defensoras de Derechos Humanos más será responsable Costa Rica?