Costa Rica sin grado de inversión

La información es esencial para el funcionamiento de los mercados financieros, los expertos en materia de inversión se han especializado destacándose las firmas que se dedican a calificar el riesgo a la hora de invertir. La calificación de riesgo valora, entre otros aspectos, la capacidad de cumplimiento por parte de los emisores, el cual incide en el retorno pues a mayor riesgo el mercado financiero internacional exige mayor rendimiento.
Si el emisor no ofrece ese rendimiento es muy probable que simplemente la emisión no se coloque. Así, la calificación de riesgo ayuda a definir el rendimiento de los instrumentos financieros de tal suerte que el inversionista que asume el riesgo espera ser recompensado con un mayor rendimiento.
La calificación de riesgo es una opinión emitida por las agencias calificadoras de riesgo entre ellas Moody’s.
En setiembre de 2010 Moody’s mejoró la calificación de riesgo de Costa Rica a Baa3, la cual le otorgó el grado de inversión.
Sin embargo, en setiembre del año pasado Moody’s emitió una nota en relación con la deuda de Costa Rica en perspectiva negativa. Los efectos de esta opinión se notaron en la segunda emisión de eurobonos, la cual tuvo que ofrecer un rendimiento del 7% para lograr su colocación en lugar del 5,63% ofrecido en la primera colocación.

Al día de hoy existe el peligro de que el país pierda el grado de inversión según Moody’s ha anunciado reiteradamente. Al respecto, la calificadora expresó que el nivel de endeudamiento de Estado (para 2014 se estima que será de US$29 mil millones) junto con el déficit fiscal (6% del PIB para 2014) hacen que las perspectivas del país sean negativas.

Ante este panorama debemos, primero, cuestionar la inacción de los gobiernos anteriores, los cuales han carecido de carácter para promover las dos soluciones que requiere nuestro país en materia de finanzas públicas: reducción del gasto público y reforma fiscal.
En cuanto al primero de los problemas urge un análisis de los gastos del Estado y una reducción de su planilla. Para esto último se requieren reformas a las normas vigentes a efectos de que se modifique el régimen laboral del sector público y se permita el libre despido, obviamente, con la adecuada indemnización de todos los derechos que tenga el trabajador a su favor.
Urge hacer una revisión intensiva de las exenciones vigentes así como transformación del actual impuesto sobre las ventas en un impuesto sobre el valor agregado que grave los servicios. Sobre este punto ya existía un consenso generalizado a efectos de gravar los servicios de educación y salud con tarifas preferenciales. Por otra parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta debe ser modernizada a efectos de que se eliminen normas que resultan confusas y abonan en interpretaciones grises por parte de la Administración Tributaria y el mismo contribuyente.
El país no puede esperar un plazo de dos años como lo dijo el actual Presidente de la República ya que debemos mostrar signos positivos que de alguna manera mitiguen el desorden de las finanzas públicas.

Randall Madriz
Abogado Tributarista
randall.madriz@pachecocoto.com