Crónica de la crisis internacional de contenedores Caso de estudio para Costa Rica (parte 2 de 4)

El caos existente en los principales puertos del mundo y las fallas del “reloj logístico” empezaron a replicarse en el resto de la cadena de suministros.

Nuestro país también sufrió fenómenos locales que ayudaron a que la situación se agravara. En primera instancia se experimentó una saturación de la Terminal Moin en mayo del 2021. En los meses siguientes sufrimos un congestionamiento en zona portuaria Caldera, detonado por un problema de infraestructura que limitó la operatividad del puerto. A esto le podemos agregar el hackeo de los sistemas de Hacienda (ATV & TICA) que aconteció en abril del 2022. Cada situación en particular fue incrementando los efectos de la crisis.

La problemática en la logística internacional provocó que los contenedores se acumularan en puertos con bajos niveles de exportaciones. Mientras que en los lugares donde las exportaciones incrementaban, los contenedores empezaron a escasear. Esto implicó que las pocas unidades existentes en estos lugares empezaran a ser vendidas al mejor postor. Muchas empresas inclusive costearon el envío de contenedores vacíos hacia el destino en dónde se necesitaban, con tal de lograr trasladar sus mercancías.

Los únicos que tuvieron algún tipo de protección fueron quienes habían negociado sus fletes con anticipación. Pero esto sólo implicaba que el precio aumentará aún más para quienes debían someterse a la situación actual del mercado; pues ahora se debían subsidiar los costos de los contratos previamente acordados.

Ahora bien, el problema no sólo consistía en que los costos por fletes se dispararan, sino que poco podían hacer las administraciones de los diferentes países para evitarlo. El transporte de mercancías está sujeto a legislaciones internacionales, es decir, sin injerencia política específica. Inclusive el gobierno de los Estados Unidos se encontró limitado en su capacidad de acción.

Teniendo conciencia de las restricciones, un grupo de expertas y expertos del país iniciaron un proceso de análisis para buscar alguna solución factible. Conscientes de la imposibilidad de establecer precios máximos o de subsidiar costos, este grupo de trabajo presentó una medida paliativa que consistió en reducir el valor aduanero de las mercancías, específicamente lo correspondiente al transporte, y así se podría pagar menos impuestos de importación. Esta iniciativa quedó plasmada en un Proyecto de Ley que luego pasaría a ser la Ley 10.162 en marzo de 2022.