Dinero para aeropuerto fue condicionado
Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Miércoles 20 mayo, 2009
IFC exigió una multa menor a $10,7 millones y derogar resolución de Aresep a cambio de financiar ampliación del Juan Santamaría
Dinero para aeropuerto fue condicionado
• Ministra asegura que no le aceptó el sometimiento del banco acreedor de la terminal aérea
• Fracción de Acción Ciudadana cuestiona que proyecto no tiene financiamiento garantizado
La entidad que ofreció los recursos para terminar la ampliación del aeropuerto Juan Santamaría, condicionó el crédito a que el Estado costarricense no le cobre a la empresa Alterra más de $10,7 millones en multas por los 57 meses de atraso que tiene el proyecto.
En una misiva enviada por E. Gayle McGuigan Jr., jefe de Operaciones Especiales de la Corporación Financiera Internacional (IFC), a Karla González, ministra de Obras Públicas y Transportes, se le exige a la funcionaria el cumplimiento de ocho requisitos por parte del Estado antes de desembolsar ellos los recursos para el aeropuerto.
Además del tema del tope en el cobro de multas, el banco le solicita a la jerarca “la anulación, revocación o modificación” de una resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, concerniente a la fijación de tarifas.
También se exige antes de girar el primer dólar, que el Estado le pague a Alterra un laudo arbitral que le ganó, así como que la Contraloría apruebe el documento en donde se solicita la extensión de 20 a 25 años el plazo del contrato para ampliar el aeropuerto, trámite que debe resolver el 29 de este mes.
Adicionalmente el IFC condicionó que no se cobren los reclamos económicos que están en disputa en los Tribunales de Justicia hasta que sean resueltos y que la Contraloría apruebe —para dar carácter vinculante— el modelo económico acordado entre las partes.
Las peticiones que hizo el grupo financiero al Gobierno trascendieron ayer en el Plenario Legislativo, donde los diputados interpelaron a González por una serie de cuestionamientos que se han hecho a su gestión, sobre todo en materia aeroportuaria y de revisión técnica de vehículos.
Fue la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) la que difundió la carta enviada por McGuigan, en la cual el representante del banco le pide a la Ministra que “no dude en contactarme en caso de tener alguna pregunta o requerir alguna aclaración de las condiciones suspensivas previamente citadas y enumeradas”.
Sobre la carta difundida en la Asamblea Legislativa ayer la Ministra reconoció que en efecto la recibió, pero aseguró que no aceptó el sometimiento que le estaba exigiendo el banco.
“El Organo Fiscalizador del contrato estableció que no podía haber condicionamiento al traspaso de acciones y que en caso de que no lograse ese traspaso para la fecha límite establecida (1° de julio de este año) dicha circunstancia sería considerada como un incumplimiento grave al plan de remediación y addenda firmado entre las partes”, dijo la Ministra.
Sin embargo para la bancada del PAC queda claro que el proyecto aeroportuario no tiene los recursos garantizados como había asegurado la Ministra días antes de enviar la addenda donde se fijan las condiciones del traspaso de las acciones del aeropuerto.
“Todo lo expuesto es aún más grave, toda vez que la Contraloría en diversos oficios alertó que no refrendaría si los recursos no estaban garantizados, pues de lo contrario el financista querría imponer nuevas condiciones contractuales, lo cual “no resultaría posible en el marco del plan de remediación”, dijo el diputado rojiamarillo Marvin Rojas.
Houston Airport Sistem (HAS), grupo que desea adquirir las acciones de Alterra, recurrió al IFC para que le financiara parte de los trabajos que debe completar en el aeropuerto, luego de que el banco J.P. Morgan diera marcha atrás al compromiso de prestarle $100 millones, como consecuencia de las restricciones por la crisis financiera global.
Producto de la negativa de J.P. Morgan, la Contraloría había rechazado una addenda al contrato aeroportuario en donde se fijaban las condiciones para que Alterra le traspasara el 95% de sus acciones a HAS. El ente contralor adujo inseguridad financiera en ese momento, para no dar el aval.
Alterra acordó traspasar las acciones de sus dos principales socios a HAS, luego de no poder encontrar una solución a un presunto desequilibrio financiero que presenta el contrato aeroportuario. La cesión del proyecto es la fase final del plan de rescisión anticipada del contrato que inició el Estado en diciembre de 2006, debido al gran atraso en la conclusión de los trabajos en el aeropuerto.
De acuerdo con el contrato, Alterra debió tener concluidos las dos primeras fases del proyecto en agosto de 2004, pero esta es la hora en que los trabajos están a medio terminar. La construcción de la terminal de pasajeros, de las salas de abordaje, de una pista de rodaje, de áreas comerciales y de un amplio espacio para Migración, son las obras rezagadas.
Danny Canales (*)
dcanales@larepublica.net
* Colaboró en esta información la periodista Natasha Cambronero
Dinero para aeropuerto fue condicionado
• Ministra asegura que no le aceptó el sometimiento del banco acreedor de la terminal aérea
• Fracción de Acción Ciudadana cuestiona que proyecto no tiene financiamiento garantizado
La entidad que ofreció los recursos para terminar la ampliación del aeropuerto Juan Santamaría, condicionó el crédito a que el Estado costarricense no le cobre a la empresa Alterra más de $10,7 millones en multas por los 57 meses de atraso que tiene el proyecto.En una misiva enviada por E. Gayle McGuigan Jr., jefe de Operaciones Especiales de la Corporación Financiera Internacional (IFC), a Karla González, ministra de Obras Públicas y Transportes, se le exige a la funcionaria el cumplimiento de ocho requisitos por parte del Estado antes de desembolsar ellos los recursos para el aeropuerto.
Además del tema del tope en el cobro de multas, el banco le solicita a la jerarca “la anulación, revocación o modificación” de una resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, concerniente a la fijación de tarifas.
También se exige antes de girar el primer dólar, que el Estado le pague a Alterra un laudo arbitral que le ganó, así como que la Contraloría apruebe el documento en donde se solicita la extensión de 20 a 25 años el plazo del contrato para ampliar el aeropuerto, trámite que debe resolver el 29 de este mes.
Adicionalmente el IFC condicionó que no se cobren los reclamos económicos que están en disputa en los Tribunales de Justicia hasta que sean resueltos y que la Contraloría apruebe —para dar carácter vinculante— el modelo económico acordado entre las partes.
Las peticiones que hizo el grupo financiero al Gobierno trascendieron ayer en el Plenario Legislativo, donde los diputados interpelaron a González por una serie de cuestionamientos que se han hecho a su gestión, sobre todo en materia aeroportuaria y de revisión técnica de vehículos.
Fue la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) la que difundió la carta enviada por McGuigan, en la cual el representante del banco le pide a la Ministra que “no dude en contactarme en caso de tener alguna pregunta o requerir alguna aclaración de las condiciones suspensivas previamente citadas y enumeradas”.
Sobre la carta difundida en la Asamblea Legislativa ayer la Ministra reconoció que en efecto la recibió, pero aseguró que no aceptó el sometimiento que le estaba exigiendo el banco.
“El Organo Fiscalizador del contrato estableció que no podía haber condicionamiento al traspaso de acciones y que en caso de que no lograse ese traspaso para la fecha límite establecida (1° de julio de este año) dicha circunstancia sería considerada como un incumplimiento grave al plan de remediación y addenda firmado entre las partes”, dijo la Ministra.
Sin embargo para la bancada del PAC queda claro que el proyecto aeroportuario no tiene los recursos garantizados como había asegurado la Ministra días antes de enviar la addenda donde se fijan las condiciones del traspaso de las acciones del aeropuerto.
“Todo lo expuesto es aún más grave, toda vez que la Contraloría en diversos oficios alertó que no refrendaría si los recursos no estaban garantizados, pues de lo contrario el financista querría imponer nuevas condiciones contractuales, lo cual “no resultaría posible en el marco del plan de remediación”, dijo el diputado rojiamarillo Marvin Rojas.
Houston Airport Sistem (HAS), grupo que desea adquirir las acciones de Alterra, recurrió al IFC para que le financiara parte de los trabajos que debe completar en el aeropuerto, luego de que el banco J.P. Morgan diera marcha atrás al compromiso de prestarle $100 millones, como consecuencia de las restricciones por la crisis financiera global.
Producto de la negativa de J.P. Morgan, la Contraloría había rechazado una addenda al contrato aeroportuario en donde se fijaban las condiciones para que Alterra le traspasara el 95% de sus acciones a HAS. El ente contralor adujo inseguridad financiera en ese momento, para no dar el aval.
Alterra acordó traspasar las acciones de sus dos principales socios a HAS, luego de no poder encontrar una solución a un presunto desequilibrio financiero que presenta el contrato aeroportuario. La cesión del proyecto es la fase final del plan de rescisión anticipada del contrato que inició el Estado en diciembre de 2006, debido al gran atraso en la conclusión de los trabajos en el aeropuerto.
De acuerdo con el contrato, Alterra debió tener concluidos las dos primeras fases del proyecto en agosto de 2004, pero esta es la hora en que los trabajos están a medio terminar. La construcción de la terminal de pasajeros, de las salas de abordaje, de una pista de rodaje, de áreas comerciales y de un amplio espacio para Migración, son las obras rezagadas.
Danny Canales (*)
dcanales@larepublica.net
* Colaboró en esta información la periodista Natasha Cambronero