Diputados dispuestos a eliminar distorsión en mercado cementero

Diputados de cinco fracciones solicitaron al Gobierno la convocatoria, a partir de enero, del proyecto que procura universalizar el impuesto municipal del 5% para todas las empresas productoras e importadoras de cemento.

Consiste en una reforma a una ley existente que graba solamente a las empresas que operan en Guanacaste, Cartago y San José, que eran las provincias donde se producía el material cuando se legisló para crear el impuesto.

La reforma toma especial interés por la instalación de una cementera en Puntarenas y por la reforma que facilita la importación de cemento que se dio en el gobierno anterior, advierten los diputados, quienes consideran que el cobro a unas empresas y a otras no, genera una distorsión en el mercado.

Los recursos que se recaudan del impuesto al cemento lo emplean las comunidades para realizar obras de infraestructura o para financiar gastos corrientes, como algunas plazas o programas.

No obstante, al gran interés de que el proyecto se conozca en enero, en Cuesta de Moras aún no hay acuerdo en torno al proyecto pues se ha desatado un pulso entre diputados de las zonas donde operan cementeras, en procura de mayor recursos para sus cantones.

Por ejemplo, la liberiana diputada Aida Montiel, del PLN, presentó una moción para girarle más recursos al cantón de Abangares, que es donde se produce cemento en Guanacaste. Esa posición, sin embargo, es objetada por varios alcaldes guanacastecos y por sus propios compañeros de bancada, pues justifican que los gobiernos locales elaboraron el impuesto 2020 con base a esos recursos y reducirlos les implicaría un hueco financiero.

Actualmente lo que se recauda del impuesto en Guanacaste se distribuye en parte iguales entre los once cantones y la intendencia de Colorado, que pertenece a Abangares; por lo que a cada uno le corresponde un 8,3%.

Algo semejante sucede en Puntarenas, en donde existe un debate para dar más recursos a Esparza, que es donde se instaló la nueva cementera, para que compensa el impacto que genera en la comunidad.

En esa línea existe una propuesta para dar un 40% a Esparza, un 10% a las Asociaciones de Desarrollo de Puntarenas y el 50% para distribuir de manera igual entre los diez cantones restantes de la provincia.

Dicha propuesta la hizo Carmen Chan, diputada coordinadora del bloque Nueva República, pero no es bien vista por otros compañeros de la provincia, como el Caso del Melvin Núñez, quien señaló que Chan quiere legislar para beneficiar a su cantón Esparza.

Precisamente lo que se procura con la convocatoria del proyecto a inicios de año es poder resolver las diferencias que se tienen, tramitarle las mociones de reiteración y someterlo a votación, adelantó el liberacionista Roberto Thompson.