El dilema migratorio de Costa Rica: Prometer apertura y ofrecer obstáculos

Andreina Bastos Rodríguez

Abogada especializada en Derecho Migratorio

Costa Rica, con su reputación de ser un destino de estabilidad y calidad de vida, lanzó con gran esperanza la Ley N° 9996 para atraer inversionistas, rentistas y pensionados. Esta ley, diseñada para revitalizar la economía pospandemia, prometía abrir las puertas a quienes podían contribuir financieramente al país. Sin embargo, en la ejecución de esta política, el Estado ha fallado, construyendo barreras burocráticas que no solo desmotivan a los solicitantes, sino que los expulsan de manera efectiva. En lugar de facilitar la entrada de estas personas que tanto necesita, Costa Rica se ha convertido en un lugar donde la burocracia sofoca el potencial económico que se esperaba captar.

Uno de los fallos más evidentes es la negativa a permitir que los solicitantes de residencia subsanen errores en su documentación. No se trata de errores graves ni de faltas imposibles de corregir; hablamos de detalles menores que en cualquier otro sistema serían resueltos mediante una simple notificación, brindando la oportunidad de corregir. Pero el Estado costarricense ha elegido el camino de la rigidez: no hay margen para rectificar, no hay espacio para el error humano. Esta postura no solo es innecesariamente severa, sino que contradice el espíritu de la Ley N° 9996, cuyo objetivo era atraer a personas con capacidad económica, no alejarlas por tecnicismos triviales.

Este tipo de acciones no solo es perjudicial para los solicitantes individuales, sino también para el país. ¿Cómo puede una nación que necesita con urgencia inversión extranjera permitirse el lujo de rechazar a personas dispuestas a contribuir? El proceso migratorio se ha transformado en una trampa burocrática que expulsa a los solicitantes, sin considerar el impacto económico de su salida. En lugar de ver a estas personas como aliados, el sistema los trata como obstáculos que deben ser eliminados. Y, como consecuencia, los extranjeros que podrían haber generado un impacto positivo en la economía costarricense se ven obligados a buscar otras alternativas más favorables.

Lo más preocupante es la absoluta falta de recursos ante estas decisiones. Cuando una solicitud es rechazada por un error menor, los solicitantes no tienen derecho a recurrir. No hay posibilidad de apelar la decisión, de buscar una revisión o de obtener justicia. La resolución es definitiva, sin oportunidad de defensa. Este tipo de prácticas va en contra de los principios más básicos de justicia y equidad. No solo se penaliza el error, sino que se le da carácter de irrevocable, transformando al sistema migratorio en una maquinaria sin flexibilidad ni sensibilidad.

Esta situación plantea un serio cuestionamiento sobre las prioridades del Estado costarricense. ¿Se está priorizando realmente la atracción de inversión extranjera, o se está imponiendo un modelo administrativo que, bajo el pretexto de la eficiencia, se ha vuelto más excluyente que incluyente? Un sistema que no permite la corrección de errores es un sistema que cierra puertas. Y un Estado que se niega a reconsiderar sus decisiones está perdiendo la confianza y el respeto de aquellos que podrían aportar al país.

El costo de esta política migratoria rígida va mucho más allá de los solicitantes rechazados. Costa Rica, al perpetuar un sistema que desalienta y rechaza sin posibilidad de corrección, está dañando su reputación internacional. Los países competidores están simplificando sus procesos migratorios, ofreciendo caminos más accesibles y atractivos para los inversionistas extranjeros. Mientras tanto, Costa Rica está construyendo una imagen de país inaccesible, rígido y burocrático. Esta no es una imagen que atrae, sino que aleja.

El momento de cambiar es ahora. Si Costa Rica realmente quiere posicionarse como un destino atractivo para los extranjeros, debe ajustar su sistema migratorio para que sea más justo y flexible. No se trata de eliminar los controles ni de relajar los requisitos; se trata de ofrecer un proceso razonable, donde los errores puedan ser corregidos y donde las decisiones no sean absolutas. El país no puede permitirse el lujo de perder oportunidades económicas simplemente porque su burocracia es incapaz de adaptarse a las necesidades reales de los solicitantes.

Es necesario repensar el enfoque. Un sistema que rechaza sin posibilidad de corrección es un sistema que está condenado al fracaso. Costa Rica debe actuar con responsabilidad y reconocer que la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados no solo depende de leyes bien intencionadas, sino también de su aplicación. La flexibilidad no es una señal de debilidad, sino de inteligencia administrativa. Y en este caso, la inteligencia requiere que el país abra las puertas de manera justa y transparente, permitiendo que aquellos que deseen contribuir lo hagan sin ser obstaculizados por un sistema que no les da margen para defenderse.

Costa Rica tiene mucho que ofrecer, pero primero debe asegurarse de que el mensaje que envía al mundo sea uno de apertura y justicia, no de exclusión y rigidez. Aquí no se están rechazando documentos; se están rechazando oportunidades para el país.