No se debe llegar nunca al extremo de anular la obligación que el gobierno en general tiene de dirigir al país de la mejor manera y demostrarlo en forma permanente mediante esa transparencia de la que hemos carecido

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El poder es para ejercerlo… bien

La mayoría de los costarricenses han estado casi acostumbrados en este país a que los gobiernos tomaran decisiones, sin comunicarlas a la población, aun si estas implicaban altos montos económicos.
No ha existido transparencia ya que en ausencia de un gobierno digital, la moderna tecnología no ha ayudado para que los contribuyentes supieran qué se hacía y adónde iban a parar sus dineros.
Así las cosas, con las obras ya en ejecución, y dado que la Contraloría supervisa a posteriori, la gente se ha venido enterando de los términos en que se habían planeado proyectos, firmado contratos y malos manejos, únicamente gracias a investigaciones de la prensa.
Investigaciones que, por cierto, en muchos casos se convirtieron en escándalos por supuestos actos de corrupción que aún la justicia no ha resuelto. Hay que seguir adelante pero no es conveniente olvidarlos porque eso alienta a nuevos actos corruptos.
Ahora que la población civil se ha visto obligada a organizarse y actuar para ser tomada en cuenta, algunos diputados del PLN, el PUSC y el Frente amplio, sienten que no es correcto que, por ejemplo, la agrupación denominada Consenso, integrada por técnicos especializados y cámaras empresariales, tenga la injerencia que tiene.
Ellos ven en esto la posibilidad de que determinados intereses estén sesgando las decisiones y que, de probarse algo en ese sentido, las obras de infraestructura que tanto necesitamos vuelvan al camino de los retrasos, ya transitado por los gobiernos anteriores.
Pareciera entonces que, al igual que en tantos otros aspectos, lo más importante sería no balancearnos de un extremo al otro, sino encontrar ese justo medio que permite el avance sin seguir chocando contra los escollos de los intereses espurios, vengan de donde vengan.
Las demostraciones de mal funcionamiento de un ministerio como el MOPT (responsabilidad que creemos ha sido siempre de los altos jerarcas y de los mandos medios, carentes de supervisión) ha llevado a sectores de la sociedad civil no solo a exigir estar enterados de lo que se piensa hacer, sino a que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
Sin embargo, esto no debe llegar nunca al extremo de anular la obligación que el gobierno en general tiene de dirigir al país de la mejor manera y demostrarlo en forma permanente mediante esa transparencia de la que antes hablábamos y de la que hemos carecido.
El MOPT, por ejemplo, debe tomar las decisiones sobre la forma de realizar obra pública. Pero necesitamos saber qué se hace a lo interno de ese Ministerio (y de otros) para superar su mal funcionamiento de tantos años.