El uniforme: Una discusión pendiente
| Jueves 02 mayo, 2013
Nadie tiene que aceptar, ciegamente, las decisiones de otros en una democracia
El uniforme: Una discusión pendiente
Nadie tiene que aceptar, ciegamente, las decisiones de otros en una democracia. Tienen el derecho a informarse y la obligación de reflexionar críticamente sobre las razones por las cuales el Estado los priva de su derecho constitucional a expresarse con libertad, a través de su vestimenta. No es lo mismo cumplir con la ley que respetar la ley. Se respeta la ley cuando se comprende y se valora positivamente, porque se considera justa y conveniente para la vida en sociedad.
A favor de que se utilicen uniformes están quienes valoran el mantener una apariencia ordenada y modesta en las escuelas. Es su firme convicción que el uniforme mejora la concentración en sus labores académicas, les enseña a vestirse para el trabajo y a conducirse profesionalmente. Pretenden establecer un ambiente escolar más formal; reducir el ausentismo; aumentar la cortesía y la cooperación, y evitar los problemas de autoestima entre aquellos que no pueden adquirir una vestimenta más cara.
Los proponentes del uniforme buscan reducir la visibilidad de las desigualdades sociales, proteger la economía familiar y mejorar la seguridad en las escuelas. Argumentan que el uniforme evita que los alumnos escondan armas o drogas entre la ropa holgada, y distingue a los miembros de un colegio de personas ajenas, reduciendo así la criminalidad. Además buscan minimizar las distracciones en el aula y erradicar problemas de discriminación, disciplina y actos violentos debido a la presión ejercida entre compañeros por vestirse a la moda o con identificadores característicos de ciertos grupos. Según ellos, el uniforme escolar además crea sentido de pertenencia y otorga prestigio a cada uno los miembros de un colegio en particular.
Sin embargo, los defensores de la libre expresión argumentarían que no existe ningún estudio científico que compruebe, categóricamente, que el uniforme cumple con ninguno de esos propósitos. Los pensadores más acuciosos sabrán que la ausencia de evidencia sobre las bondades de utilizar un uniforme escolar no significa que no existan. Lo que sí es concluyente es que el Poder Ejecutivo no utilizó datos validados empíricamente cuando decretó el reglamento que normaba el uso de uniformes, por lo que se podría inferir que la decisión se basó en preferencias personales, opiniones generalizadas, tendencias populares u oportunidad política, y no en consideraciones educativas sustentadas por la ciencia.
Los defensores de la libre expresión dirían que la Constitución Política garantiza el derecho de los estudiantes a la expresión personal, que incluye cómo vestirse. Solo podría restringirse si, en el ejercicio de ese derecho, se violara otro más importante, como el derecho a la educación. Para evitar que utilicen indumentaria claramente inapropiada que interfiera con su proceso de aprendizaje, bastaría con implementar códigos de vestimenta flexibles, que logren la misma economía familiar que los uniformes actuales. El derecho a elegir la forma de vestir debería hacerse respetar con más razón en escuelas y colegios privados, cuya libertad para autodeterminar sus políticas de enseñanza también está protegida por la Constitución.
Estos defensores de la libertad dirían que los adolescentes están en una época de sus vidas en la que intentan establecer su individualismo y su contribución personal al mundo. Una de las formas en que lo hacen es a través de su apariencia física. ¿Cómo se puede pretender que tomen decisiones con responsabilidad personal, originalidad e imaginación, si tratamos de invisibilizar las diferencias individuales y imposibilitamos su capacidad para decidir?
Argumentan que los jóvenes uniformados no son más responsables, organizados ni respetuosos de la autoridad. El utilizar un reglamento de uniformes es una forma militar y punitiva de hacer que se comporten y obedezcan, una técnica utilizada por un sistema educativo que no ha podido generar soluciones disciplinarias apropiadas en sus escuelas. Las causas de fondo de los problemas de conducta en sí deberían ser atendidas, en lugar de ignorarlas y asignarle la culpa a la vestimenta. Por otra parte, los individuos solo pueden ser considerados verdaderamente disciplinados cuando pueden regular sus propias acciones. Poco se logra con coartar alguna actividad de una persona, cuya consecuencia es sencillamente el control inmediato y no el aprendizaje.
Dirían los defensores de la libertad que si lo que se pretende es invisibilizar las diferencias sociales, no es razonable que existan distintos uniformes en cada centro educativo, porque este hecho aumenta las disparidades en apariencia entre los alumnos de distintos centros. Es preferible eliminar el uniforme por completo, puesto que los muchachos, de todas formas, son conscientes de las diferencias socioeconómicas y lo que mejor conviene es que aprendan a vivir en la vida real, con libertad y responsabilidad social, y no en un ambiente educativo artificial. La lección cívica para los defensores de esta postura es fundamental: el problema de las disparidades sociales no se debe invisibilizar e ignorar, se debe resolver.
Finalmente, dirían que conviene eliminar los uniformes porque hay familias que no tienen las condiciones económicas para asumir su costo. Muchas veces los venden sus fabricantes a precios monopolísticos.
Si no les enseñaron esta lección en cívica, los alumnos deben aprenderla cuanto antes: nadie tiene derecho a restringir las idiosincrasias individuales de conducta, apariencia y atributos físicos de las personas, al menos no sin una explicación lógica y convincente. Esperamos que ejerzan su derecho a participar en la vida pública: que investiguen, debatan, adopten su postura y se hagan escuchar. ¡Costa Rica lo necesita!
Silvia Castro
Rectora de ULACIT