Empresarios perdieron fe con pago electrónico de buses
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 09 diciembre, 2016
Falta de voluntad política y una maraña de intereses particulares, incluso en el propio Gobierno, tendrían el proyecto de pago electrónico de autobuses “congelado”.
A un año y medio de que Luis Guillermo Solís deje el cargo, empresarios del transporte público, así como especialistas en el uso de tecnología, dudan sobre su implementación.
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La indecisión del Gobierno hizo que la empresa Paga Fácil y La Periférica terminaran con un plan piloto que duró cuatro años, a la espera de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tomara una decisión de ampliar esta modalidad de pago, que consistía en un monedero electrónico prepago.
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Básicamente la compañía dedicada a las soluciones tecnológicas consideró que el proyecto no era rentable, porque nunca se masificó.
“En este periodo de prueba se demostró que la tecnología nacional funciona adecuadamente y que el cliente tiene interés, pero al no haber definición del Gobierno sobre este tema, hemos decidido destinar recursos a proyectos más viables, más rentables”, dijo Ricardo Herrera, vocero de Paga Fácil.
Los planes para implementar un pago electrónico iniciaron en 2007 y desde entonces los autobuseros, la Aresep, el Banco Central de Costa Rica y el Gobierno, entre otros actores, no han logrado ponerse de acuerdo.
Para los autobuseros, el pago electrónico permitiría contar con una mayor protección en contra de los asaltos, además de llevar una contabilidad más eficiente y barata; a cambio, la Aresep tendría un mejor control de la cantidad de usuarios por unidad y el número de carreras.
Después de varios años de oposición, los mismos empresarios se dieron cuenta de la importancia del proyecto y decidieron impulsarlo, pero ahora los intereses a lo interno del Gobierno le han puesto freno.
El Banco Central de Costa Rica quería gestionar el cobro electrónico a través de las tarjetas de crédito y débito, posteriormente Sebastián Urbina, exviceministro de Transportes, exigió entregarle el plan a Gobierno Digital, quien pretendía retener el dinero de los autobuseros por un periodo antes de liberarlo, lo cual le hubiera permitido al Ministerio de Hacienda ganar algunos intereses.
Más recientemente, Racsa entró en la pelea interna por el proyecto, lo cual le daría a esa compañía nacional un tanque de oxígeno para subsistir en medio de un competitivo mercado.
En los últimos meses, con el nombramiento de Liza Castillo como viceministra de Transportes, se la realizado un puñado de mesas de trabajo sobre el tema.
“Los empresarios estamos dispuestos a invertir en el pago electrónico, pero cuando no haya incertidumbre jurídica, ya que no se sabe a ciencia cierta quién será el coordinador del plan, si se permitirán solo tarjetas de crédito o débito o únicamente tarjetas prepago, entre otros detalles”, indicó Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas de Buses.
Y es que para el sector empresarial no es atractivo hacer una inversión de $300 por bus, cuando no hay certeza.
“En Costa Rica ya existe una cultura de prepago extendida, además de una zona de recarga bastante sólida, por lo que consideramos que hay condiciones para impulsar un plan de esta naturaleza. Lo único que falta son reglas claras”, concluyó Luis Diego González, gerente de la ruta Periférica.
Liza Castillo, viceministra de Transportes
“Esperamos que esté listo en 2017”
¿En qué estado se encuentra el proyecto?
Estamos tabulando y sistematizando los hallazgos que se encontraron tanto en el foro abierto al público, como en la mesa de trabajo que llevó a cabo el Ministerio sobre el pago electrónico.
¿Por qué ha costado tanto que el gobierno se ponga de acuerdo con los empresarios?
Estamos en una etapa muy importante, que es donde todos los intereses de los involucrados, han sido puestos sobre la mesa de trabajo, logrando generar consensos sobre la importancia que tiene para el país.
¿Estará listo el plan antes de terminar el gobierno?
Se está trabajando fuertemente en conjunto con la Aresep, el Banco Central de Costa Rica, el Consejo del Transporte Público y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, para implementar el sistema de Pago Electrónico para 2017.