Afectados llevan casos a Tribunal Contencioso y Sala Constitucional

Error en pensiones alarga espera en pagos

No hay presupuesto para pagar si expedientes estuvieran al día

Un error humano en la migración de datos al nuevo sistema de revalorización de pensiones alargará la espera de miles de jubilados.
El software con un costo de $2,3 millones y que se adquirió con Gobierno Digital no ha podido entrar en operación.
La situación afectaría a los pensionados de Hacienda y otros 14 regímenes especiales con cargo al Presupuesto Nacional, esto incluye a exfuncionarios de la Contraloría, Recope, Procuraduría, bancos estatales, Servicio Civil, ICE, Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda y exdiputados, entre otros.
Al probar el sistema, se detectó que los datos de los pensionados no fueron digitados de forma correcta. El software no los lee y no empata con la Tesorería Nacional para el respectivo pago.
Actualmente se depura la información para ver si el sistema diseñado para la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) logra entrar en la primera etapa. 
Los problemas obedecen a que se habrían dado dos instrucciones distintas para el ingreso de la información en el gobierno anterior, según Héctor Acosta, subdirector de la DNP.
De momento, no existe una investigación interna para determinar por qué hubo dos directrices sobre el manejo de la documentación.
Entretanto, si el sistema sirviera hoy, no habría presupuesto para pagar los ajustes de pensiones en presa.
De los ¢50 mil millones solicitados, el Ministerio de Hacienda solo presupuestó ¢15 mil millones, advirtió Elizabeth Molina, directora de la DNP.
La mayoría de las solicitudes de ajuste se presentan cuando se decretan los ajustes salariales del sector público. Cada seis meses ingresan 2.700 nuevos reclamos.
El caos parte de que hay siete métodos de revalorización salarial en estos regímenes, de modo que cada caso es distinto.
Adicionalmente, para atender a los 22 mil pensionados bajo los regímenes de Hacienda y especiales se cuenta solo con seis abogados.
“Queremos tener al día los trámites y que se haga todo de forma oportuna. El problema es que nos comemos el 60% del recurso de la DNP en estos juicios”, agregó Molina.
La Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo son las dos vías que utilizan los pensionados para agilizar el pago.
Se estima que las demandas judiciales por indemnizaciones, intereses y daño moral sobre pensiones tienen un costo anual de ¢600 millones para el Estado.
El proyecto para la creación del sistema de la DNP  se anunció en noviembre de 2012 y se esperaba que para el presente año estuviera en funcionamiento.

María Siu Lanzas
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@La_Republica