Estancamiento de leyes no permite que operadores ofrezcan mejor Internet

El hecho de que la política pública y reguladora del sector de telecomunicaciones continúe siendo la misma desde hace nueve años, destaca como una de las principales razones por las que los operadores no pueden ofrecer mayor calidad en sus servicios de comunicación móvil.

Esta posición fue la que mantuvieron los representantes de Claro y Movistar en el foro de telecomunicaciones, organizado por la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

En el panel que compartieron los operadores junto con representantes de Sutel y el Viceministerio de Telecomunicaciones, se destacó que para que el país avance hacia la digitalización y sea disruptivo, es necesario que las leyes estén en la misma línea en que está el mercado de telecomunicaciones en este momento para que no existan más trabas.

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“Falta el ajuste en el marco tarifario porque nosotros ya no estamos en un paradigma de negocio de hace seis años cuando se dio la apertura, son leyes que se pueden catalogar como analógicas. Solo hay que destacar que los contratos de concesión son de concesión de voz, y no son de concesión que establece parámetros de calidad de datos, entonces es necesario que el país avance en la reglamentación y las resoluciones primero para permitir que avancemos a un mundo digital y de datos móviles”, dijo José Pablo Rivera, gerente de Regulación de Telefónica.

El representante de Asuntos Regulatorios de Claro, Edgar del Valle, también destacó las complicaciones y retos que han experimentado como empresa cuando han intentado desplegar infraestructura en lugares públicos para mejorar los servicios.

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“Ocupamos que la política pública se adapte para que las telecomunicaciones se sigan desarrollando más de lo que se ha conseguido hasta ahora, y más aún porque tienen que soportar la gran demanda de datos móviles por parte de los usuarios”, explicó Del Valle.

Además los representantes agregaron que para que se dé un avance necesitan que Sutel se convierta en un regulador facilitador, que reglamente a posterior las conductas de los operadores y se dedique a ver las prácticas inadecuadas que se den en el mercado y a resolver los conflictos que se puedan dar con respecto a temas de infraestructura y competencia.