Aumento en ritmo de recaudación permitiría entrega anticipada de la obra

Final de concesión de Ruta 27 se prolongaría

Condiciones de contrato dificultarían terminar antes de 2033

Si se diera una entrega anticipada de la carretera San José–Caldera, se facilitaría la posibilidad de que el gobierno pueda acometer de una forma pronta y oportuna una ampliación de esa vía, para mejorar el tránsito hacia las playas del Pacífico.
Sin embargo, podría ser muy difícil que se logre, debido a la fórmula de cálculo de los ingresos reales de la concesionaria, establecida en el contrato de concesión y que sería ratificada en una adenda que actualmente discute la Contraloría General de la República.
La empresa concesionaria debe entregar la carretera en el año 2033 o antes, si se logran recaudar los $302 millones que costó la obra, incluidos $44 millones por actualización y rentabilidad, de acuerdo con el contrato firmado.
Si se tomaran en cuenta los ingresos brutos de la carretera, por concepto de peaje, en unos seis o siete años la vía debería ser entregada al gobierno. Esto, por cuanto a la fecha, a la empresa Globalvia, que administra la ruta, ya se le han reconocido ingresos por $108 millones, que significan casi un 36% del costo total estimado.
De esta manera, la administración tendría una posición de mayor fuerza para negociar con la concesionaria la ampliación de la vía, ya que a la empresa le quedaría poco tiempo para explotar la concesión.
Sin embargo, al deflactar los ingresos y conceder una tasa de descuento fijada en el contrato, por un 11,62%, se produce el curioso fenómeno de que, a pesar de recibir más ingresos, el monto real cada vez es más bajo.
En este caso, de calcularse un aumento de un 4% anual, que es la expectativa del Consejo Nacional de Concesiones, los ingresos reales tenderían a caer paulatinamente.
Debería darse un aumento mayor en la cantidad de vehículos que pasan por la ruta, para que los ingresos crezcan lo suficiente como para compensar el efecto de la tasa de descuento, y así lograr que el contrato finalice en menos tiempo.
Sin embargo, a estas alturas, la carretera está colapsada, en especial durante los fines de semana, por lo que las probabilidades de crecimiento disminuyen. Un aspecto positivo es que la adenda que se estudia en Contraloría establece el compromiso de Globalvia de terminar algunos accesos para algunas comunidades, lo que atraería más tráfico.
De esta forma, al gobierno no le quedaría más remedio que negociar con la actual concesionaria si quiere una pronta ampliación de la vía.
“Tenemos que empezar a hacer los estudios de viabilidad y factibilidad, los cuales podrían llevar de 18 a 24 meses. Ahí se valoraría si se continúa la ampliación con esta empresa”, señaló Jorge Mora, director de Concesiones.
Se buscó una opinión al respecto de la empresa concesionaria Globalvia. Montserrat Courrau, vocera de la empresa, manifestó que no se referirá hasta que se logre el refrendo de la Contraloría. Por su parte, la Contraloría General de la República respondió que el asunto del pago ya quedó finiquitado desde el contrato inicial.

 

 

Rodrigo Díaz
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