FMI recomienda congelar salarios públicos y mantener regla fiscal por seis años más

Con el objetivo de sanear las finanzas públicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó ayer a los diputados mantener la regla fiscal por al menos seis años más.

Se trata de una medida que restringe el crecimiento del gasto, cuando la deuda pública supera el 60% del PIB.

Lea más: Renegociación de crédito con el FMI no tendrá apoyo de diputados si se aprueban eurobonos

La regla fiscal se ha venido aplicando desde hace un par de años atrás, por lo que los salarios del sector público no han crecido, ni siquiera por concepto de inflación.

En cuanto a la inversión en salud, educación, seguridad, salud y otras áreas, su crecimiento ha sido contenido.

La recomendación fue hecha a los legisladores durante un encuentro que sostuvieron ayer funcionarios del organismo multilateral con los jefes de fracción y los integrantes de la comisión de Hacendarios.

En ese sentido, también manifestaron su interés en que Costa Rica cambie deuda cara por deuda más barata, eliminar la duplicidad de funciones en el Estado y aumentar la progresividad de los impuestos sin aprobar nuevas cargas tributarias.

Lea más: Regla fiscal: Disciplina y sostenibilidad para las finanzas públicas

“Ellos vinieron a hablar de la importancia de seguir con la ruta fiscal que tenemos, además de impulsar algunos proyectos como el de empleo público, de manera tal que podamos tener un Estado más eficiente (…) También recomendaron el cambio de endeudamiento a partir de los eurobonos y buscar la sostenibilidad fiscal. Ellos sugieren para el Estado aumentar la progresividad en cuanto a los impuestos y en cuanto al gasto, recomiendan eliminar duplicidades y mantener la regla fiscal por cinco o seis años más, lo cual es fundamental para la disciplina fiscal y así alcanzar las metas propuestas”, dijo Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de la Comisión de Hacendarios.

Por otra parte, el FMI ofreció asesoría técnica en cuanto a la revisión de la regla fiscal y su actualización de manera integral.

“Para nosotros, este punto es fundamental, ya que así sabremos si la flexibilización que se está dando es lo recomendable”, agregó Ramírez.

En la reunión también participaron Kattia Rivera del Partido Liberación Nacional y Jonathan Acuña del Frente Amplio, además de Fabricio Alvarado de Nueva República, Eliécer Feinzaig del Liberal Progresista y Pilar Cisneros del gobernante Progreso Social Democrático.

Durante el encuentro, los personeros del FMI destacaron la importancia de mejorar la perspectiva de la deuda costarricense, de manera tal que el país baje el pago de intereses que hoy debe cancelar. Para ello, el proyecto sobre los eurobonos debe avanzar cuanto antes.

“Conversamos sobre la necesidad de aprobar este proyecto de ley y la recaudación que estamos teniendo en este momento y esperamos del gobierno siga una ruta transparente en el manejo de la deuda en Costa Rica”, destacó Daniela Rojas, jefa de fracción.

El tiempo para aprobar la colocación de los eurobonos es oro, debido a que en enero del 2023 el Estado tiene que pagar un mega vencimiento de deuda por $1 mil millones y de no conseguir dinero en el exterior, deberá financiarse a nivel interno y esto generará presión en el tipo de cambio y en las tasas de interés.

La colocación o bonos de endeudamiento en el mercado internacional es fundamental para la sostenibilidad fiscal del país, ya que esto ayudaría a mantener las tasas de interés controladas, además de facilitar la disponibilidad de crédito y controlar el tipo de cambio y todo ello, se traduciría en generación de empleo y bienestar para los costarricenses.

Asimismo, los diputados deben entender que los eurobonos servirán para cancelar vencimientos de deuda externa que de otra manera se tendrían que financiar con más endeudamiento en el mercado local.

El país tiene vencimientos de deuda por más de $7 mil millones en los próximos cinco años y de ellos casi $3.600 millones son de deuda externa.

Por otra parte, para el 2023 las necesidades de financiamiento del Gobierno equivalen a un 10,1% del PIB. De ese financiamiento, un 6,3% del PIB sería obtenido del mercado interno y un 3,8% de financiamiento externo, por lo que de no aprobarse la emisión de los eurobonos se presionaría aún más al mercado interno.