Freno a nueva ley Jaguar era la crónica de una muerte anunciada, afirman diputados
La propuesta modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Martes 13 agosto, 2024 07:50 p. m.
Congresistas de oposición reaccionaron esta noche ante el freno que le dio el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa a la Ley Jaguar 2.0 asegurando que era algo esperado.
“Me parece que es el final de una muerte anunciada ya que se había dicho reiteradamente por distintos juristas que este proyecto no tenía futuro y que violenta la ley de contratación pública. El gobierno no da pie en bola y sigue presentando proyectos mal redactados”, destacó Óscar Izquierdo, diputado del Partido Liberación Nacional.
La primera iniciativa se rechazó por parte de la Sala Constitucional y por eso, el presidente Rodrigo Chaves corrió a presentar una segunda versión, la cual, cuenta con dos vicios de inconstitucionalidad.
“No es que no queremos apoyar un referéndum, pero es que siguen mandando leyes mal hechas, el primero tenía vicios y ahora este también, según Servicios Técnicos. Nosotros hemos sido muy responsables, por eso, les hemos planteado al gobierno menos discursos y que vengan y negociemos en la mesa”, aseguró Óscar Izquierdo, diputado del Partido Liberación Nacional.
La semana pasada, el TSE pidió a la Sala IV examinar esos artículos, además de la reforma al artículo 12 de la Ley de la Contraloría, en una consulta sobre el nuevo texto.
“Hemos recibido la notificación de que hay varios artículos de la ley jaguar que no puede ser consultados vía referéndum de acuerdo a la Constitución Política, pero sí se podría votar por la vía ordinaria, en el Partido Unidad Social Cristiana somos muy respetuosos y esperaremos a analizar con detalle el informe”, aseguró María Marta Carballo, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana.
La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional que presentó el presidente Chaves hace 15 días implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará solo en un puñado de temas.
Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General.
