Frente Amplio vigilará renegociación de refinería china
Luis Fernando Cascante lcascante@larepublica.net | Lunes 12 enero, 2015
Una revisión exhaustiva a los compromisos que adquirió el gobierno con su contraparte china, para resucitar el proyecto de una refinería en el país, será parte de la lupa que empleará el Frente Amplio, una vez que los diputados regresen de vacaciones.
Así lo confirmó Edgardo Araya, diputado de ese partido, quien enfatizó que la alianza con el Gobierno no evitará que este proceso sea revisado con rigurosidad.
“Esto no es una alianza incondicional, no tenemos un cheque en blanco donde garantizamos que vamos con ellos hasta donde sea, hemos sido claros. Nuestra posición de hacer control político no ha cambiado”, afirmó, en relación a los acuerdos conseguidos en tierra asiática.
A su vez, Araya lamentó que se insistiera sobre esta posibilidad y argumentó que hubiese preferido una alternativa más verde.
“Creemos que este país debe ir hacia la carbono neutralidad, pero seguimos pensando en el petróleo”, dijo.
Pese a desconocer a fondo sobre los acuerdos logrados en China, Araya espera que el actual gobierno “haya aprendido lo mal que manejó este tema la administración anterior”.
Por su parte, Ligia Fallas, diputada del mismo partido, aclaró que, si bien no existe una posición oficial de la bancada, se debe fortalecer la inversión nacional por encima de la extranjera.
Además, resaltó que se deben implementar otras opciones para reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
“Se necesita ingresar a Petrocaribe. Tiene que haber una conciencia social con el manejo de vehículos. Además, si se usa el transporte privado, se debe procurar llevar los vehículos llenos”, sugirió la legisladora.
La bancada del Frente Amplio solicitará los documentos el próximo 19 de enero y afirman que, de encontrar alguna anomalía, la denunciarán.
El proyecto de la refinería china en el país ha estado salpicado de polémica desde que se dio a conocer que el estudio de factibilidad del proyecto fue elaborado por una empresa que tenía injerencia en el mismo.
Además, los gastos de Soresco, empresa creada por Recope y la empresa CNPC para la gestión de la obra, despertaron dudas, situación que obligó al gobierno de Luis Guillermo Solís a replantear un proyecto nuevo.
Durante 2014, la Contraloría General de la República declaró inadmisible la construcción y rechazó el estudio de factibilidad.
El costo de la nueva refinadora rondaría los $1.000 millones.
