Gobierno presupuestó ¢761 millones para ingreso a la OCDE
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Lunes 02 enero, 2017
La decisión de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le costará al Gobierno durante 2017 unos ¢761 millones, los cuales se dividirán entre 13 instituciones que trabajarán en este proceso.
Algunas de ellas son los ministerios de la Presidencia, de Hacienda, de Agricultura, de Economía, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo, de Justicia, de Vivienda, de Comercio Exterior, de Planificación Nacional y de Ciencia y Tecnología y Ambiente.
Dicha inversión se dividirá en diversos comités, grupos de trabajo y eventos de la organización, así como en la realización de 21 estudios de diferentes materias.
Los aspectos más complejos de gestionar para el Ministerio de Comercio Exterior son los que se asocian con procesos de reforma legislativa, aseguró el ministro de esta cartera, Alexander Mora.
La ambición del presidente Luis Guillermo Solís es contar con una opinión favorable de los 22 comités de la OCDE que nos están evaluando y dejar casi lista la adhesión antes de que termine su mandato.
El Presidente ha dicho en todos sus discursos reiteradamente que el ingreso a este grupo marcará un antes y un después en el desarrollo del país procurando un mayor crecimiento económico, inclusivo y sostenible y la rendición eficiente de cuentas sobre los recursos públicos.
No obstante, quedan muchos temas sin solucionar en materia de contratación pública, simplificación de trámites, déficit fiscal, transparencia y educación.
Retos pendientes
Este año, se presentó un estudio económico de la OCDE para Costa Rica, al venir una misión liderada por el secretario general, Ángel Gurría, y apuntó los siguientes desafíos:
• Reducir el déficit del Gobierno central en un 2% del PIB durante 2016-2017
• Mejorar la eficiencia del gasto público
• Simplificar la estructura de salarios mínimos y hacer cumplir la ley
• Adoptar una estrategia para reducir la alta informalidad en el mercado laboral
• Reducir las cargas administrativas de la actividad empresarial
• Dar más independencia a la Comisión para Promover la Competencia
