Hay que manifestase, con propuestas y pacíficamente pero nunca con vandalismo
Felipe Guadamuz Flores redaccion@larepublica.net | Lunes 05 octubre, 2020
Volando Guayabazos
En los últimos días se comenzó a gestar en la ciudadanía un malestar producto del paquete abusivo de impuestos propuesto por el gobierno. Hay dos grupos, uno de ciudadanos que se manifiestan en defensa de sus derechos y otro de vándalos que bloquean las calles y cometen actos que afectan los derechos de los demás. La ciudadanía puede y debe manifestarse, pero de manera pacífica y proponiendo soluciones a las críticas que se hagan al gobierno, jamás delinquiendo ni afectando los derechos de los demás.
El populismo de ciertos líderes de un movimiento de acción social que han llamado al bloqueo de calles enardeciendo a la población, en vez de llamar al diálogo y a la calma, debe ser condenado por la ciudadanía y, los manifestantes, no deben escuchar a quienes buscan sacar provecho propio y jalar agua para sus molinos a costas de la libertad y credibilidad de personas que sirven como vehículo para que estos líderes se beneficien del desorden y el caos.
No se trata de bloquear las calles sino de manifestarse pacíficamente, tal y como lo hicieron caravanas de vehículos frente a la casa del Presidente de La República y de algunos diputados. Lo cortés no quita lo valiente.
No obstante, lo realizado en los últimos días por otros grupos donde se insta a golpes de Estado y bloqueo de vías, podría considerarse sedición, dado que se busca eliminar el orden constitucional.
Existen mecanismos mucho más efectivos para obligar al gobierno a replantear su propuesta de impuestos abusiva. Por ejemplo, como bien indicó una persona, hay impuestos, como el “Impuesto solidario para el fortalecimiento de Programas de Vivienda”, conocido popularmente como el impuesto a las casas de lujo, que establece un límite al gasto administrativo de un 7% y que, si no se cumple, puede demandarse al Estado por ello. Antes que bloquear una calle, sería mejor exigirle al Ministro de Hacienda, un informe completo sobre la manera mediante la cual Hacienda ha utilizado esos recursos.
Otro ejemplo sería una acción de inconstitucionalidad contra el marchamo porque es un impuesto contrario a la Constitución Política y exigirle a la Dirección General de Tributación un reporte completo con respecto a la manera mediante la cual ha administrado y fiscalizado los recursos recaudados con ese impuesto y si han sido utilizados en beneficio del pueblo.
Asimismo, se podría plantear otra acción de inconstitucionalidad contra el impuesto único a los combustibles. Es obligación del gobierno ser transparente y rendir cuentas al pueblo, a los ciudadanos, quienes, al final de cuentas somos sus jefes.
Llevar a cabo estas acciones legales sería posible, porque dentro de los que se han manifestado contra el paquete de impuestos del gobierno hay abogados que podrían ayudar con asesoría jurídica a quienes realmente buscan detener los abusos del Poder Ejecutivo.
Ya existen leyes para exigirle al Estado que dé respuestas. Más que bloquear calles, lo cual podría considerarse un delito, quienes realmente están molestos con el gobierno y los diputados, tienen opciones y mecanismos legales para tomar acciones claras, contundentes y efectivas con las cuales se ganarían la credibilidad de la ciudadanía y enviarían un claro mensaje a los gobernantes que el pueblo no está por dejarse.
En el caso de los líderes irresponsables que están promoviendo la sedición o proyectos de ley para prohibir el derecho a manifestarse, es necesario recordarles que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y que su deber como líderes es llamar a la calma, no promover el caos ni el totalitarismo. El país no necesita de mayor desorden sino de orden.
En igual sentido, no hay que inventar el agua tibia porque ya hay leyes para sancionar los bloqueos de calles y los ataques que los manifestantes cometan contra los policías, por lo que hay que tener mucho cuidado para que proyectos como el propuesto por diputados del Partido Restauración Nacional, encabezados por Carlos Avendaño, no sean aproados porque equivaldrían a perder el derecho a manifestarse y abrir las puertas a un Estado totalitario. El proyecto debe ser retirado cuanto antes de la corriente legislativa y lo que se debe hacer es respetar los procedimientos de recolección de pruebas actuales, así como aplicar la ley existente como se debe.
No estamos para divisiones sociales y menos para vandalismo que a la postre beneficia al gobierno, porque lo victimiza. Con su actuar, quienes bloquean calles y prenden fuego a vehículos más bien ayudar a las pretensiones del Poder Ejecutivo, ya que ponen en contra de la ciudadanía a quienes se manifiestan de manera pacífica, por la tendencia humana de generalizar y creer que todos son iguales.
Es importante preguntarse por qué líderes de izquierdas, defensores y hasta afines al socialismo del Siglo XXI vendrían a manifestarse contra el paquete de impuestos. La respuesta más coherente parecería ser que lo hacen para tomar ventaja de la situación y aprovechar que en río revuelto ganan los pescadores.
El pueblo no debe apoyar el vandalismo, pero sí las manifestaciones pacíficas. Es hora de dejar el derecho al berreo en redes sociales y comenzar a actuar, no bloqueando calles, sino accionando los mecanismos legales, son más efectivos y persuaden más a los gobernantes.