Hoy inicia concesión de megapuerto en Moín

A partir de hoy rige el contrato de concesión para la construcción y operación de un moderno puerto de contenedores en Moín, y tendrá una duración de 33 años.

Con la orden de inicio, tanto el Gobierno como la empresa concesionaria, APM Terminals, deben cumplir con una serie de compromisos, con el fin de que el proyecto se maneje exitosamente.

El arranque es el punto de culminación de un proceso que inició en la administración de Óscar Arias, y que a la fecha cuenta con muchos defensores y detractores.

Los primeros tres años son el plazo estipulado para construir la primera fase de la terminal, que tendrá dos puestos de atraque, con una extensión de 300 metros.

Al darse la orden de inicio, APM tiene 30 días naturales para comenzar a trabajar en la zona.

A partir de hoy y en los próximos días, solo se harían labores de limpieza en el sitio donde se instalará el campamento, un área de 10 hectáreas en Moín.

Esto se debe, en parte, a que APM y el consorcio constructor Van Oord-BAM todavía se encuentran en labores de logística para encontrar las diferentes fuentes de materiales, que provendrán tanto de zonas cercanas al muelle como del exterior.

Por ejemplo, algunos materiales vendrían de naciones caribeñas como Haití y Jamaica.

La constructora también está realizando los trámites para la maquinaria que hará las labores de dragado en la bahía.

Estos equipos tendrán el beneficio de importación temporal, y se coordina con la Dirección de Aduanas de modo que cuando arriben a Moín puedan laborar de inmediato, explicó Jorge Mora, secretario general de Concesiones.

De la misma forma, tanto APM como el consorcio Van Oord-BAM deben entregar un plan de trabajo y otro de control de calidad.

Ya hay trámites avanzados, incluso el miércoles se remitieron a la Municipalidad de Limón los planos constructivos aprobados por las diferentes instancias y demás trámites necesarios.

Para efectos de construcción de obra pública no se requiere el permiso municipal.

“El proceso es un poco lento al inicio y tal vez no se verá mucha actividad, más que labores de limpieza, pero para dentro de un mes ellos ya deben estar trabajando en el sitio”, señaló Mora.

En caso de no cumplir con ese plazo, el Gobierno podrá multar por incumplimiento a la empresa.

Por su parte, si en los próximos días se paralizan las obras debido a algún recurso judicial, la concesionaria tiene el derecho de demandar al Estado e incluso pedir cambios en las condiciones del contrato.

La orden de inicio se dio a conocer en diciembre pasado, luego de que Setena diera el aval para la construcción de la terminal, el único requisito que faltaba luego de que la empresa y el Gobierno sortearan una maraña jurídica de recursos y apelaciones de grupos ambientalistas y miembros del sindicato de Japdeva, quienes se oponen a la construcción del puerto.

Al final del contrato, el puerto contará con un área de 80 hectáreas, y con 650 metros de extensión para recibir embarcaciones con capacidad para transportar 12 mil contenedores.

En su máxima capacidad, el puerto movilizará anualmente 2,7 millones de contenedores de 20 pies.

Se pidió opinión a la empresa APM Terminals sobre el inicio de las obras, pero sus voceros prefirieron no referirse hasta tanto no se concreten detalles alrededor de la construcción.

Además de los temas de logística que debe resolver la empresa, también debe definirse la situación con la Municipalidad de Limón, que insiste en el pago de un impuesto del 1% por el permiso de construcción.

Representantes municipales aseguran que aunque no les corresponde otorgar permisos para que las obras se realicen, no pueden eximir a APM del cobro por tratarse de una empresa privada.

Se estima que la primera fase tendrá un costo de $500 millones, por lo que el pago de dicho tributo municipal rondaría los $5 millones.

El tema se discutiría este lunes con autoridades del gobierno.