Los trabajadores de este país se encuentran hoy divididos en dos categorías: la elite del sector público, con altos salarios y múltiples privilegios y los del sector privado que ganan cerca de la mitad en la mayoría de los casos (con sus excepciones) y no cuentan con esos privilegios

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Justicia salarial

Una dura tarea le corresponderá al presente gobierno, para moderar el sistema de salarios que reciben los empleados públicos, que en muchos casos es un régimen de privilegios imposible de cubrir sin perjudicar a los contribuyentes, a las finanzas públicas y a los usuarios de diferentes servicios estatales.
Un listado en este medio ayer, institución por institución de esos beneficios extras, da cuenta de cómo es que se van “engordando” los salarios por cláusulas contenidas en diversas convenciones colectivas de trabajo, que van más allá de lo que establece el Código de Trabajo como salarios justos.
Así, los trabajadores de este país se encuentran hoy divididos en dos categorías: la elite del sector público, con altas remuneraciones y múltiples privilegios, y los empleados del sector privado que ganan aproximadamente la mitad en la mayoría de los casos (con sus excepciones) y no cuentan con esos privilegios.
Al hablar de privilegios nos referimos a condiciones como el goce de periodos de un mes o más de vacaciones anuales, pago de horas extras y disponibilidades, beneficios como el pago de la vivienda si la plaza que reciben los obliga a trasladarse a vivir a otra zona, aumentos automáticos por antigüedad sin importar si hay un buen rendimiento laboral, dedicación exclusiva y bonificaciones por carrera hospitalaria o administrativa, entre otros.
Es importante destacar que estas convenciones colectivas nacieron por acuerdos con jerarcas que, en su momento, pusieron su firma para aprobarlas.
Es decir, son responsabilidad política de los gobiernos de turno en las cuales nacieron.
Ahora, le corresponde al gobierno de un partido que por primera vez está en el poder, enfrentarse al problema y encontrar la forma de resolverlo porque esos incentivos que reciben los funcionarios públicos les cuestan a los contribuyentes cerca de ¢2 millones de millones al año, según la Contraloría General de la República.
Hay 20 instituciones públicas y 51 municipalidades que gozan de los privilegios de las convenciones colectivas.
Es necesario hacer un estudio de las abusivas cláusulas de las mismas para encontrar la salida que permita establecer salarios públicos, justos, moderados, razonables.
Los aumentos automáticos, por ejemplo, pueden haber sido una de las causas de que los burócratas bajaran rendimiento, ya que de todos modos recibirían los incrementos.
Una grave responsabilidad de los políticos de turno que, al igual que muchas otras situaciones heredadas requieren ahora un cambio.