La Corte IDH resuelve el caso Capriles vs. Venezuela: una justicia tardía, pero necesaria

José Angel Vega Licea

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Oriente

Especialista en Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencias por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. E.V.P. en el área de gestión de información y conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 2 de diciembre de 2024, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), encabezada por su presidenta, la jueza Nancy Hernández, compareció en vivo a través de la plataforma oficial del tribunal en YouTube, para anunciar la esperada sentencia del caso Capriles vs. Venezuela.

Después de 11 años de espera, el alto tribunal de derechos humanos emitió su fallo, condenando al Estado venezolano por la vulneración de los derechos políticos del señor Radonski.

Esta sentencia no solo reivindica al líder opositor, víctima de un sistema diseñado para sosegar las voces disidentes, sino que también subraya las profundas fracturas democráticas que persisten en la región, atrapadas entre el autoritarismo y la búsqueda de justicia.

El caso tiene su origen en el contexto de las elecciones presidenciales de 2013 en Venezuela, cuando el actual "presidente" Nicolás Maduro fue declarado vencedor con un estrecho margen del 1.49 % de los votos.

Henrique Capriles, principal líder opositor en ese entonces, a través de las diferentes instancias gubernamentales y organismos de justicia internos, denunció múltiples irregularidades en el proceso.

No obstante, sus alegatos fueron desestimados por un sistema judicial sometido al control del régimen, dejándolo sin alternativas efectivas dentro del país, que le permitieran defender sus derechos.

En respuesta a este contexto autoritario, el líder opositor presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de buscar justicia a través de los organismos internacionales de Derechos Humanos. De acuerdo a lineamientos establecidos por la CIDH esta aceptó el caso y fue presentado ante la Corte IDH.

Tras años de análisis y procedimientos, la disputa legal alcanzó un momento decisivo con la audiencia pública, celebrada el 6 de febrero de 2024 en San José, Costa Rica. En esta sesión, el tribunal puso bajo escrutinio las graves violaciones a los derechos políticos y a la libertad de expresión que marcaron las elecciones de ese año en Venezuela.

En el proceso de notificación de sentencia la presidenta del tribunal afirmó: “La Corte constató que el proceso electoral tuvo lugar en un contexto progresivo de deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia”.

Asimismo, la jueza Hernández argumentó la existencia de un uso abusivo del aparato del Estado durante el proceso electoral que favoreció al candidato oficial Nicolás Maduro y afectó la integridad del proceso electoral y los derechos políticos del señor Capriles y de sus electores.

De igual manera la Corte ordenó al estado venezolano a “facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación” públicos y de alcance general y medidas para garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia “.

El caso Capriles es un ejemplo paradigmático de cómo los regímenes autoritarios utilizan la maquinaria estatal para despojar a los líderes opositores de sus derechos políticos.

En Venezuela, la inhabilitación política de Henrique Capriles no fue un hecho aislado, formó parte de una estrategia sistemática que buscaba eliminar la competencia electoral legítima, utilizando la justicia como arma política disfrazada, tal como ocurrió en las pasadas elecciones con el candidato opositor Edmundo González y la líder María Corina Machado. De ahí el peligro de la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.

Desde este escenario la Corte IDH no solo reconoció estas maniobras carentes de legitimidad, sino que señaló el contexto más amplio de deterioro democrático.

La interpretación de la sentencia del tribunal ratifica que Capriles no fue silenciado únicamente por su liderazgo, sino porque su mensaje representaba una amenaza directa al status quo. Al imponerle inhabilitaciones arbitrarias y obstaculizar su participación en las elecciones, el régimen venezolano violó no solo sus derechos individuales, sino también el derecho colectivo del pueblo a elegir libremente a sus representantes.

El fallo, pone sobre la mesa una cuestión muy importante que es meritorio analizar en el contexto regional: la participación política no es un privilegio otorgado por el Estado, sino un derecho inherente a toda democracia.

El impacto regional del fallo

Como mencionaba con anterioridad, aunque el veredicto se centra en Venezuela, sus implicaciones constituyen un llamado de atención para toda América Latina.

Esta sentencia funge como un recordatorio de que los regímenes autoritarios no solo despojan a sus ciudadanos de sus derechos, sino que también intentan borrar cualquier alternativa política viable que intente, por vía democrática, llegar al poder.

En este sentido, me atrevo a decir que, la región enfrenta una encrucijada: o aceptamos el retroceso democrático o debe buscarse una estrategia sólida e integral que permita fortalecer una institucionalidad enfocada en garantizar la protección de los derechos fundamentales desde todos sus niveles.

Si bien el caso ha demorado un tiempo extremadamente largo en resolverse, es necesario acotar que en contextos donde los sistemas judiciales internos están cooptados, la Corte IDH emerge como un mecanismo que aún brinda luces para visibilizar el respeto a los derechos humanos desde el aparato judicial.

Sin embargo, también hay que recalcar que el reto no termina con el fallo; comienza con su implementación y el estado venezolano, conocido por ignorar las decisiones de organismos internacionales, será puesto a prueba nuevamente. ¿Se traducirá este triunfo legal en justicia tangible?

Sobre ello Henrique Capriles escribió en su cuenta en X (antes Twitter): “11 años después obtuvimos sentencia (...) Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir en paz su futuro.”

En un momento crítico en relación al estado de derecho en la región latinoamericana, el fallo de la Corte se consolida como un precedente para aquellos que creen aún en la posibilidad de una región más democrática y justa. Porque, al final, los derechos humanos no son concesiones, son exigencias que deben ser defendidas, incluso contra las fuerzas más opresivas.