La cuestión política en Costa Rica

HISTORIA.

(Duodécima entrega)

Intento profundizar en esta entrega acerca de las dificultades, errores y aciertos de los gobiernos del PAC.

A pesar de las dificultades en medio de las cuales hubo de vérselas la administración de Luis Guillermo Solís, sus aciertos no pasan inadvertidos, con solo echar un vistazo a la obra de gobierno. Veamos.

“A la gente hay que atenderla, escucharla, entenderla y si no tiene razón en su reclamo hay que explicar, explicar y explicar. Ese esfuerzo corresponde a los ministros, viceministros y presidentes ejecutivos, no a los mandos medios”; repetía el presidente Solís Rivera a su equipo de trabajo. Pese a que no fue clara una política pública que generara “Gobernanza”, la administración Solís Rivera optó por enfrentar la conflictividad social que, como lo había constatado ya el informe del “Estado de La Nación” del 2016, provocó una disminución importante durante su administración.

Uno de los casos más emblemáticos fue el conflicto que parecía insuperable en torno al acueducto Sardinal-Ocotal- El Coco en diciembre del 2017. El exministro de comunicación Mauricio Herrera explica desde el cantón de Carrillo, Guanacaste, adonde se hizo presente junto a una delegación gubernamental que, “…la fuerza pública debió intervenir, porque fueron atacados por un grupo de personas que lanzaron piedras a los oficiales de la fuerza pública y también a los trabajadores que laboraban en la construcción del acueducto entre Sardinal, Ocotal y El Coco. Es importante destacar -afirmó el entonces ministro Herrera- que el acueducto que se está construyendo en esta zona, de ninguna manera daña el acuífero Sardinal.” Esta era la suposición que sustentaban una buena parte de las personas de las comunidades de la zona. Mediante la información científica recabada entre otras instituciones por la Universidad de Costa Rica se logró demostrar presencialmente, que el acuífero tenía una capacidad de recarga de 1.100 litros por segundo y una capacidad de aprovechamiento de 440 litros por segundo; mientras tanto, lo que el acueducto iba a extraer eran únicamente 70 litros por segundo. Este acueducto era una necesidad social para proporcionar agua a los hogares, las escuelas, los centros de salud y actividades productivas de la zona. Mediante el diálogo se logró una vez más, solventar el conflicto social, tal como lo pretendía la voluntad gubernamental.

Otro punto álgido de esta administración lo constituyó la obra pública realizada. Como ocurre siempre, una buena parte de los proyectos requerían préstamos que habían sido aprobados con anterioridad. Pero, lo que distingue a la gestión fue que se le dio agilidad a obras que no contaban con los correspondientes estudios indispensables para iniciarlas. Entre los proyectos más importantes que se llegaron a realizar destacan: los puentes sobre el río Virilla (Radial a Santa Ana, el arreglo del puente que se bautizó como González Flores sobre la carretera General Cañas, el puente Yolanda Oreamuno en la carretera La Uruca-Jardines del Recuerdo, así como el inicio de la ampliación del puente sobre la ruta 32, al este del estadio Ricardo Saprissa). En la circunvalación norte, se culminó el trayecto que conecta a Limón con el puerto de APM Terminals; de no haberse concluido habría costado a los usuarios la suma de $20 dólares adicionales por cada contenedor durante todo el plazo del contrato. (El Consejo Nacional de Concesiones estimó el valor total del monto que se habría acumulado en USD$1.000 millones).

Miles de millones de colones fueron invertidos en el período de gobierno 2014-2018 en lo concerniente a la reconstrucción y ampliación de los principales aeropuertos regionales, así como en los estudios necesarios relacionados con el nuevo aeropuerto de Orotina, proyecto que por lo pronto se ha suspendido. La pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber debió ser reconstruida de manera integral. Punto aparte merece la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín que, por cierto, soportó sabotajes “terroristas” como el corte de estructuras en los puentes provisionales, lo cual pudo provocar una gran tragedia. Además, se acometió la tarea de impulsar la negociación entre la empresa constructora y los pequeños contratistas del transporte local.

La administración logró asimismo poner a caminar el tren eléctrico en diversos tramos, merced al espacio presupuestario encontrado por el ministerio de hacienda para viabilizar las obras, también debido a los fondos aportados desde la presidencia de la República provenientes del BCIE, con los cuales se iniciaron los estudios y las contrataciones para lo que se denominó “Fase Cero” de la modernización del tren urbano, que hoy atraviesa por nuevos obstáculos de corte político electoral.

Hubo asimismo una inversión cuantiosa en centros educativos, una de las más grandes en la historia costarricense. Se construyeron acueductos grandes y pequeños en coordinación con las ASADAS en todo el territorio nacional; e igualmente dos megaproyectos de conducción de aguas subterráneas en el área metropolitana. Fue esta administración Solís Rivera la que canceló casi un 50% de una deuda histórica del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta cancelación permitió a la Caja acometer la construcción de muchos Ebais y Hospitales clase A como los de Puntarenas, Turrialba y Cartago, todo mediante un crédito en inmejorables condiciones con el Banco Mundial.

De esta manera la inversión pública no quedó concentrada como es usual en Costa Rica en la capital, sino que se llevó a las costas y zonas rurales, en proyectos como los mencionados en educación, salud, agua, mercados regionales como el Chorotega, también infraestructura para acueductos en el Caribe Sur y obras destinadas a mitigar las constantes inundaciones en la periferia de la ciudad de Limón. Es importante señalar la acometividad con la que se reparó la infraestructura dañada por los huracanes “Otto”, “Nate” y otros eventos similares de menor tamaño.

En seguridad pública, también se hizo una obra pública importante, consiguiendo financiación internacional para el equipamiento de Centros Cívicos por la Paz, uno de los cuales fue construido por la administración Chinchilla Miranda. Derivado de estos “Centros Cívicos”, puede verse que la gestión en seguridad pública de la administración Solís, puso énfasis en un enfoque no solo represivo de la delincuencia, sino también de carácter preventivo, impulsando estrategias de desarrollo y la contención de la delincuencia en las zonas de mayor conflictividad.

Fue particular la atención que se le prestó a los flujos migratorios de personas nacionales de Cuba, Haití y allende el continente americano. Se trató de una “ola migratoria” muy grande estimada en más de treinta mil personas, a las cuales se les brindó un trato humanitario y justo, que fue asimilado por la institucionalidad costarricense, sin que por ello permanecieran en el país.

En suma podemos señalar: 1-reactivación de la obra pública estratégica; 2- relativa estabilidad pública, en medio de la profunda crisis estructural de naturaleza fiscal; 3- defensa y lucha por el fortalecimiento de la institucionalidad, frenando así una paulatina tendencia a su debilitamiento; 4-nueva metodología para combatir la pobreza; 5- prioridad al diálogo social como forma de combatir la conflictividad; 6- crecimiento de las exportaciones, la Inversión Extranjera Directa (IED), del turismo en medio de la crisis fiscal; 7- Ampliación y fortalecimiento de la política de protección ambiental, de la mano con el crecimiento económico, lo que se reflejó en la política de fortalecimiento de los parques nacionales, rechazo a la explotación petrolera y minera irresponsable, usos responsables del agua, acuerdos con pescadores y agricultores para dar impulso a la explotación responsables y sostenible de los recursos del mar y en tierra; 8- Consolidación de una política de Estado alrededor de la protección de los Derechos Humanos, como el caso de la población LGTB, la protección del aborto terapéutico (como cuando está en riesgo la vida de la madre), atención humanitaria a las personas migrantes, dignificación de los privados de libertad, atención diligente de las emergencias; 9-Aumento de la inversión en centros educativos, acueductos y hospitales; 10- política de defensa del productor, con énfasis en los pequeños y medianos, así como de la producción nacional en general; política de negociación responsable, mediante acuerdos con el empleo público; 11- renovación del equipamiento en seguridad pública, aumento en reclutamiento policial y mejora de las condiciones laborales para la policía; impulso al desarrollo territorial, con énfasis en las zonas de Guanacaste y Limón; 12- activa política exterior sustentada en la lucha por la paz, la autodeterminación de los pueblos y la lucha contra el calentamiento global.

Dos casos, sobre todo, ensombrecieron sin embargo la administración del presidente Luis Guillermo Solís: el llamado “Cementazo” y el conocido como “hueco fiscal”.

El “Cementazo” como lo he entendido, fue un caso de corrupción muy grave, cuyo epicentro se desenvuelve alrededor de un cuantioso préstamo bancario realizado por el Banco de Costa Rica a un particular. La administración de dicho préstamo fue muy criticada, en parte porque el cliente hizo maniobras para no cancelarlo, lo que además, fue facilitado por falta de rigurosos controles bancarios. La prensa adujo un vínculo con Casa Presidencial, en parte debido a las múltiples visitas realizadas por el cliente del BCR a la entidad presidencial que, de acuerdo con declaraciones dadas por el entonces jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, fueron facilitadas por un diputado de la fracción oficialista. El presidente Solís solamente en una ocasión lo habría recibido. Hasta el momento, más de cuatro años después de haber estallado el escándalo, el impacto legal del “Cementazo” ha quedado circunscrito a la administración del BCR y a particulares vinculados al empréstito millonario que fue solicitado. Esta fue la conclusión de la Procuraduría General de la República la que, después de conocer el informe de la comisión legislativa no encontró responsabilidad alguna ni por parte del presidente de La República, ni de Casa Presidencial. En el mismo sentido diremos que, hasta el momento no se ha presentado ninguna acusación, contra el presidente Solís, ni contra ninguno de sus allegados funcionarios en Casa Presidencial.

En lo tocante al “Hueco Fiscal” en 2017 fue producto de la ausencia de liquidez para pagar los aguinaldos a los empleados públicos en el mes de diciembre. La falta de liquidez por su parte se debió al déficit estructural y a la tardanza en la aprobación del “Plan Fiscal” en la Asamblea Legislativa. Hacienda encontró una forma legal de solventar el problema acudiendo a inversionistas extranjeros para que compraran deuda interna y de esta manera encontrar la liquidez que se buscaba. Este mecanismo fue obstruido en la Asamblea Legislativa, principalmente por diputados del PLN, lo que obligó entonces a la “hacienda pública” a recurrir a inversionistas locales, los cuales compraron deuda, pero a un alto precio y con rápidos vencimientos. Las opciones se habían cerrado en vista de la no aprobación del “plan fiscal”.

No fueron las únicas dificultades confrontadas por la administración Solís Rivera, aunque sí dos de las más importantes. No deja de ser notorio sin embargo que, es la primera vez que un gobierno conformado por fuerzas ajenas a los partidos tradicionales es sucedido por otra administración de su mismo origen.

Estoy lejos de creer que mi análisis fue exhaustivo, pues quedaron temas importantes por fuera (FÍA, crisis de los sobresueldos, la inestable situación de JAPDEVA); he realizado, eso sí, un esfuerzo honesto para presentarles mi punto de vista sobre la primera administración del PAC, la administración Solís Rivera, en que asciende al poder una alianza de fuerzas diferente a las del bipartidismo; la primera desde 1953, aunque como también lo expresé, algunos de sus líderes principales provenían de alguno de los dos partidos tradicionales. (Continuaré en la próxima entrega con el análisis de la segunda administración del PAC.)