La realidad de la crisis del comercio

El cese de operaciones de una franquicia de restaurantes ha desatado en los últimos días una serie de reacciones que creo es necesario poner en perspectiva. El argumento de los dueños es que no había rentabilidad y por esa razón debieron tomar de decisión de cerrar los tres locales en el país, cesando en consecuencia a los 90 trabajadores que colaboraban con ellos, más los empleos indirectos que se generaban por su encadenamiento con diferentes proveedores.

Este no es un caso aislado: ocurre con decenas de comercios en todo el país, los negocios están cerrando porque el consumo está contraído y los emprendedores enfrentan costos muy elevados de operación. En forma adicional, el índice de confianza de los consumidores muestra valores que denotan pesimismo, tenemos actualmente un menor crecimiento del crédito al sector privado para consumo y el ingreso real disponible ha venido cayendo cada vez más.

El cierre de comercios en Costa Rica no puede pasar desapercibido, pues este fenómeno responde a una crisis en el sector comercial que lleva tiempo desarrollándose. De hecho, desde mayo del año pasado, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) hizo públicas una serie de propuestas para atacar la continua desaceleración que según sus datos se presenta desde inicios del 2018.

De acuerdo con información oficial, la actividad comercial cayó en promedio 0,3 por ciento en los primeros meses del 2019, convirtiéndose en uno de los sectores más golpeados en la economía costarricense. Esta y otras realidades han empujado a más de un millón de personas hacia la informalidad, agudizando la desigualdad en el país.

De hecho, de cada 100 personas que tenían trabajo en Costa Rica durante el segundo semestre del año pasado, 46 tenían un empleo informal, la cifra más alta desde el 2010, cuando INEC comenzó a publicar la Encuesta Continua de Empleo que analiza el sector laboral cada trimestre.

El despido de los 90 trabajadores de la franquicia estadounidense es apenas una muestra de la crisis laboral que experimenta el país, donde el desempleo afecta a casi 300 mil personas. Entre abril y junio de 2019, 2,48 millones de personas buscaron empleo pero 296 mil no lograron encontrar un puesto de trabajo formal.

Este cierre se suma a la medida de una empresa constructora de suspender un enorme proyecto habitacional “debido a la complicada situación económica que está atravesando el país”. La decisión implica que la compañía ya no contratará personal, no pagará por él a la CCSS, no comprará materiales, no subcontratará otros servicios y no habrá empleos indirectos.

Estas noticias son síntomas de la crisis que vive el país y vuelven a poner el dedo en la llaga sobre los problemas claves que el gobierno no ha sido capaz de resolver: la reactivación de la economía, devolverle la confianza al consumidor, a los empresarios, y la generación de puestos de trabajo.

Los diputados de Nueva República no nos hemos quedado con los brazos cruzados: presentamos el año pasado un proyecto de Ley de Moratoria del Impuesto al Valor Agregado para la Canasta Básica, Alquileres y Servicios Públicos; también nos hemos referido a una reducción de las cargas sociales para poder reinvertir en el crecimiento de los negocios, al manejo de impuestos diferenciados y a devolver la confianza en la economía.

Con ésta y otras propuestas buscamos acciones concretas que se ejecuten a la brevedad. Ya no es posible que sigamos viendo con pasividad cómo cierran las empresas o se cancelan proyectos, y cómo crecen la informalidad, el desempleo y la desigualdad. Por eso, los cierres de las franquicias, de la pulpería, de la tienda, de la carnicería … no deben pasar desapercibidos.

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República