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Larissa Arroyo sobre ataques de Fabricio Alvarado al feminismo: Necesitamos que las opiniones estén alejadas de discursos de odio

Allan Madriz allanmadriz.asesor@larepublica.net | Lunes 30 enero, 2023 04:45 p. m.


Fabricio Alvarado feminismo
Larissa Arroyo, abogada y especialista en derechos humanos. Archivo/La República.


Larissa Arroyo

Abogada especialista en Derechos Humanos y Género

Señalar que el feminismo daña el cerebro más que una droga es una ocurrencia, según Patricia Mora, exministra de la Condición de la Mujer, quien asevera que este movimiento lo único que busca es la igualdad entre géneros.

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Este fin de semana, Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República, compartió en su redes sociales una publicación de un supuesto estudio de la Universidad de Massachussets que afirma que el “feminismo actual causó más daño en el cerebro que la heroína, el crack y la inhalación de pegamento”. El legislador aseveró que no es necesario hacer una investigación para llegar a esa conclusión.

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¿Qué opina de las críticas del diputado Fabricio Alvarado al feminismo?

Necesitamos combatir la desinformación, de manera tal que toda opinión particularmente por parte de agentes de Estado esté fundamentada, basada en evidencia y con argumentos científicos.

Es necesario que nuestra sociedad avance hacia el reconocimiento de las noticias falsas y los discursos de odio y los combata.

Nuestra sociedad necesita que las opiniones, aunque sean nada más personales, estén alejadas de los discursos de odio, de aquellos discursos que vulnerabilicen a poblaciones históricamente discriminadas y que por el contrario busquen reafirmar la democracia, reconociendo las diferencias y diversidades como un valor democrático a salvaguardar.

Por otra parte, es importante, recordar que una opinión personal, es una opinión y no un criterio profesional por lo cual no debería ser base para ninguna decisión de un agente de Estado.

Si nuestras leyes son aprobadas con una base de opiniones personales sin fundamento técnico, es evidente que no sólo atenta contra el estado social democrático y de derecho sino contra los principios de garantía y protección de los derechos de todas las personas, como deber esencial del Estado.


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