Presuntas irregularidades en cobros de partidos mayoritarios

Lío por dinero de campaña

Investigación demostrará inocencia, aseguran implicados

Delitos electorales podrían llevar a los tribunales, a varios funcionarios de Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Movimiento Libertario, según información suministrada ayer por la Fiscalía.
Sin embargo, los investigados aseguran la transparencia de todos los procesos electorales.
En todos los casos el dinero proviene del público, aportado a las campañas electorales, mediante la deuda política.
Se trata del supuesto cobro de servicios fantasma, de parte de Acción Ciudadana y Movimiento Libertario, así como de recibir donaciones en apariencia indebidas en el caso de Liberación Nacional, de acuerdo con documentos en poder de la Fiscalía.
En lo que a los servicios fantasma se refiere, se trata de una acusación penal del Ministerio Público en contra de los libertarios, por el cobro de un valor de ¢240 millones por capacitaciones durante la campaña anterior, que presuntamente nunca se realizaron, de acuerdo con las pruebas judiciales.
La Fiscalía ya presentó una acusación por los supuestos delitos de estafa y falsificación de documentos privados, contra Ronaldo Alfaro, vicepresidente libertario, y Róger Segura, excontador del partido, así como contra Carlos Solano, encargado del programa de capacitaciones.
En el caso del PAC, la Fiscalía analiza el supuesto cobro de ¢430 millones por contratos de varios servicios que nunca fueron prestados.
Sin embargo, este caso se refiere a un proceso todavía en investigación, que debe confirmar si el partido utilizó o no la deuda política, para pagar los servicios que los partidarios regalaron durante la última campaña.
Minor Sterling, extesorero del partido, y Manuel Bolaños, exasistente de tesorería, son los funcionarios del PAC señalados por el Ministerio, como responsables.
Una situación distinta es la que enfrentan diputados de Liberación Nacional.
Cobrar más de ¢30 millones en servicios de transportes durante la campaña anterior y respaldar este trámite con documentos falsos, es parte de lo que busca comprobar la Fiscalía para acusar a Óscar Alfaro, actual diputado de la fracción.
A él junto a Antonio Calderón, se les vincula además por donar el alquiler de una casa utilizada como club de campaña durante las pasadas elecciones, usando la figura jurídica Chicharrín S.A.
El delito alegado en este caso, fue irrespetar la ley que impide a sociedades anónimas donar dinero, así como activos, para fines electorales.
Calderón es además investigado por otra causa junto con Alicia Fournier, debido a que supuestamente recibieron —como miembros de la Junta Directiva del PLN— el Balcón Verde, de parte de una sociedad anónima.
Por los casos del PLN, la Procuraduría General de la República realizó un estudio y no se encontraron daños en perjuicio del Estado, por lo que se descartó presentar una demanda civil contra estos diputados.
Por su parte, la reacción de funcionarios de los partidos involucrados en estas anomalías es de cautela.
“Es una investigación en la que se podría no encontrar delito alguno y se archivaría el caso. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se requiera”, comentó Olivier Pérez, presidente del PAC.
Por su parte, en el Movimiento Libertario, son cautos ante la acusación por el cobro de charlas ficticias, y aducen que la entrada en vigencia del nuevo reglamento electoral en 2010 también afectó.
La inocencia de Alfaro y Segura es algo que Danilo Cubero —presidente del Movimiento Libertario— defiende.
Se trata en todos los casos del dinero del público, aportado a las campañas electorales, mediante la deuda política, que este año sería de ¢37 mil millones, casi el triple del monto que se destinó hace cuatro años, en la pasada contienda electoral.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net