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Más complicaciones para Ciudad Gobierno

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 19 septiembre, 2023 11:27 a. m.


aura Fernández, ministra de Planificación lidera el proyecto. Archivo/La República.
Laura Fernández, ministra de Planificación lidera el proyecto. Archivo/La República.


Una medida cautelar dictada sobre un terreno que el Liceo de Costa Rica donó al Estado, para el desarrollo de Ciudad Gobierno, es la nueva complicación que enfrenta el plan inmobiliario.

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El Tribunal Contencioso Administrativo de San José ordenó el pasado miércoles la imposición de una medida cautelar en el terreno donde se planea construir el proyecto.

Por lo tanto, hasta que no se resuelva el litigio judicial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no podrá tomar posesión del terreno.

El reclamo fue presentado por Fernando Orozco, presidente del Gobierno Estudiantil del Liceo, y Francis Tejeda, un egresado del centro educativo. Ellos alegan que hubo presión por parte del Ministerio de Educación para que el terreno se cediera al MOPT.

En las últimas el proyecto se ha visto complicado por la burocracia estatal.

El 22 de agosto pasado, Marta Acosta, contralora general, señaló que el financiamiento para el proyecto debe ser aprobado por los diputados y advirtió que se debe realizar un concurso público para determinar quién llevará a cabo la construcción.

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Por lo tanto, no se podría dejar todo el diseño y construcción en manos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como pretende el gobierno, que alquilaría los edificios por aproximadamente 20 años antes de tomar posesión de ellos.

El proyecto Ciudad Gobierno tendría un costo de alrededor de $450 millones y, si se desarrolla según lo planeado, será un proyecto de infraestructura que dejará como legado el presidente Rodrigo Chaves.

El plan incluye la construcción de aproximadamente cinco edificios de 15 o más pisos en cuatro manzanas de Plaza Víquez. La idea es albergar a unas 18 instituciones y a sus 10,000 funcionarios, con el objetivo de ahorrar al Estado unos $23.5 millones al año en alquileres y mejorar el servicio a los ciudadanos facilitando los trámites.


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