Directriz busca bajar costos en servicios públicos

No más alzas en energía… por ahora

Empresarios aplauden medida y señalan responsabilidades

Con el objetivo de detener el crecimiento en las facturas de electricidad, combustibles y otros servicios, la presidenta Laura Chinchilla firmó una directriz para que las instituciones que prestan servicios básicos tomen medidas para reducir sus gastos operativos.

La iniciativa surge ante el acelerado crecimiento en las tarifas de electricidad, combustibles y agua, entre otros servicios.
El Gobierno busca que esta medida tenga la efectividad que tuvo en marzo la directriz presidencial para que el ICE comprara la energía limpia de menor costo en el mercado, la cual generó ahorros millonarios y redujo la contaminación.
Para esto, se impondrá un tope a los gastos de las instituciones públicas y se les instó a aprovechar las bajas tasas del mercado.
Entre otras medidas se busca que las instituciones puedan replantear el financiamiento de los créditos a un plazo más largo, y que les quede mayor dinero disponible para rebajar tarifas.
La directriz regirá para todas las empresas que prestan servicios básicos y son reguladas por Aresep, tales como el ICE, AyA, Recope y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, entre otras.
”Este es el momento en la historia financiera en que podemos conseguir créditos para reducir sustancialmente los pagos que hacen las instituciones”, dijo Luis Liberman, vicepresidente de la República.
Estas medidas fueron aplaudidas por los empresarios, quienes señalan que los precios de los servicios básicos no eran los adecuados, de acuerdo con la inflación actual.
Estamos alegres de que la Presidenta haya prestado oídos al sector privado, ya que las instituciones del Estado son responsables por los aumentos, comentó Gonzalo Delgado, presidente de la Cámara de Construcción.
Por otra parte, en marzo pasado, el ICE implementó una directriz para que se dejara de quemar hidrocarburos y se comprara la energía más barata.
De esta manera, la institución se ahorró unos ¢420 millones en dos meses y se evitó la contaminación de mil toneladas de dióxido de carbono.
Las instituciones tendrán un mes para elaborar y presentar un plan de implementación de estas medidas.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net