Firma brasileña de vía a San Ramón dispuesta a finiquitar por mutuo acuerdo

OAS pide $46 millones para romper contrato

Elevado monto genera anticuerpos en la esfera política

La decisión de adjudicarle la concesión de la vía a San Ramón a la firma brasileña OAS y luego echarla para atrás podría tener un costo de $46 millones.

Ese es el monto que pide la firma brasileña al Gobierno, el cual enviará una nota este lunes a la empresa para solicitarle una ampliación, donde sustente las razones que la llevaron a pedir esa cantidad.
Así lo hizo saber OAS mediante una carta, donde mostró su disposición para romper el contrato por mutuo acuerdo, dando inicio al proceso de negociación.
La firma solicitó el pago de $34 millones para reintegrar las inversiones realizadas por Autopistas del Valle, a lo que se le deben sumar $11 millones por las inversiones de OAS desde el 29 de marzo de 2012, cuando se presenta la solicitud de cesión de contrato.
Además, pide la reintegración de $900 mil por concepto de especies fiscales.
La prioridad del Gobierno es salir por una vía que no comprometa o atrase la construcción de la carretera a San Ramón.
“Buscamos que las negociaciones lleguen a buen puerto lo antes posible sin precipitarnos, porque necesitamos que la carretera sea intervenida en un nuevo proyecto”, comentó Roberto Gallardo, ministro de Planificación.
Sin embargo, esto no supone una aceptación de los términos propuestos por OAS, pero tampoco es momento para hablar de un supuesto arbitraje, explicó Gallardo
El jerarca destacó que esto apenas es una aceptación de ambas partes para divorciarse, y que los términos de ese divorcio apenas se están negociando.
Para este proceso, la Junta Nacional de Concesiones solicitará la participación de funcionarios de otros ministerios, para que la situación no se preste para malentendidos.
La petición de OAS no cayó nada bien en el Foro Nacional, por lo que presentará una medida cautelar previamente a los contenciosos administrativos, para buscar que un juez declare ilegal el contrato y el Estado no tenga que pagar, explicó Álvaro Sagot, vocero de Asuntos Jurídicos de la agrupación.
La molestia también embargó a Walter Céspedes, diputado del PUSC, quien afirmó que los costarricenses no deben pagar por las malas actuaciones del Gobierno.
A las preocupaciones se sumaron Víctor Emilio Granados, diputado del PASE y Ofelia Taitelbaum, defensora de los habitantes.
A las negociaciones les restan 24 días para cumplir con el plazo de dos meses que se anunció anteriormente.
La Contraloría General de la República refrendó el contrato a OAS el 11 de marzo pasado, lo que representaba el visto bueno para avanzar
No obstante, la oposición que tuvo el proyecto llevó a la presidenta Chinchilla a dar marcha atrás a la iniciativa.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net