Otto Guevara: “Quieren descarrilar mi carrera política y no lo voy a permitir”

Presentar una declaración jurada de bienes errónea le significó a Otto Guevara, candidato a diputado por Unión Liberal, una sentencia de tres años de cárcel y seis años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.

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La decisión de los tribunales de Goicoechea es en primera instancia, por lo que se puede apelar todavía.

En ese sentido, Guevara planea un reclamo a la Sala IV, al considerar que le están tratando de manera “desproporcionada”, a la vez que denuncia un supuesto ensañamiento de la fiscalía en su contra.

El político teme que le estén cobrando su lucha feroz contra los privilegios del sector público.

¿Le parece desproporcionada la sentencia?

Se trata de un caso inédito en Costa Rica, ya que me están midiendo con una vara muy diferente al resto de trabajadores del sector público.

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La ley contra el Enriquecimiento Ilícito establece que cuando la Contraloría determine que existe alguna inconsistencia en una declaración jurada de bienes, su papel es notificar al obligado a declarar, para que haga las aclaraciones necesarias, o bien, incorpore la información que no incorporó en la declaración inicial; sin embargo, en este caso la Contraloría no hizo ninguna prevención y me mandó de una vez al paredón de fusilamiento. Acá debo indicar que en miles de ocasiones, la Contraloría ha hecho prevenciones a diversos funcionarios sobre este particular, solo este año se hicieron más de 2.400.

¿Queda fuera del ring?

Todo lo contrario. Mucha se gente se ha acercado para decirme que va a votar mi y que no permitirán esta injusticia. Las personas que están conmigo van a redoblar esfuerzos, ya que saben que ahora se necesita más que nunca a un diputado como yo.

Los que orquestaron esto, les saldrá el tiro por la culata. No me van a descarrilar, no me van a sacar de la campaña. Hay una gran indignación, ya que las argumentaciones del juez parten de premisas equivocadas.

¿A qué se refiere con premisas equivocadas?

No es posible que haya sido sancionado por no consignar en una declaración jurada, que era director de una empresa en la que ya no tenía participación accionaria, incluso antes de ser diputado entre el 2014 y 2018.

Como usted ve, esto no tiene que ver en absoluto con patrimonio o declaración de bienes.

La sentencia nos parece asombrosa.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Vamos a presentar una apelación, la cual, debería presentarse a finales de enero a más tardar.

Asimismo, habrá una acción de inconstitucionalidad contra la interpretación que están haciendo la Contraloría y el juez sobre la ley de enriquecimiento ilícito.

Esta acción ante la Sala IV suspenderá la resolución en segunda instancia del asunto penal y por ende, no se podrá aplicar ni la inhabilitación del cargo por seis años, ni la libertad condicional de tres años.

Como usted bien sabe, las acciones de inconstitucionalidad duran unos dos años en promedio para resolverse, por lo que este caso no afectaría en nada la campaña política, ni mi eventual gestión como diputado.

Esto, porque de perder la acción de inconstitucionalidad llevaremos el caso a instancias de casación y ahí continuaremos. Yo calculo que pasarán los cuatro años de gestión como legislador y este asunto no se habrá resuelto.

Esto no se va a quedar así, a mi no me van a doblar tan fácil, sigo para adelante con más fuerza que nunca.

Yo represento una opción política e ideológica y un estilo confrontativo contra los poderes fácticos de este país y contra grupos de privilegios de Costa Rica, los cuales, quieren sacarme de la carrera política y no lo van a lograr.

Usted señala que quieren sacarlo de la política, ¿le están cobrando algo en el Poder Judicial, al considerar que usted ha sido un crítico severo de los salarios y pluses en el sector público?

En el caso mío, la fiscalía tuvo un ensañamiento particular que no lo vemos, en ningún otro de los casos donde se han presentado grandes escándalos en Costa Rica.

Esto, a pesar de que no cometí estafa o metí mano en fondos públicos.