Paola Valladares sobre caso Cochinilla: “Es momento de revisar de manera minuciosa la Ley de contratación pública”
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 09 septiembre, 2021 11:00 a. m.
El caso de supuesta corrupción conocido como “Cochinilla” hace necesario revisar la ley de contratación administrativa cuanto antes, según Paola Valladares, diputada del PLN.
De esta forma, se reducirían las posibilidades de que haya nuevos casos como el Cementazo y el de infraestructura que recién se dio a conocer.
“Es momento de revisar de manera minuciosa la nueva Ley de Contratación Pública, para evitar dejar portillos abiertos que permitan tenderles una Alfombra Roja a los corruptos. Los corruptos también tienen "manuales de mejores" prácticas, los cuáles burlan los niveles de fiscalización de la Contraloría”, dijo Valladares.
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El caso “Cochinilla” es una supuesta red de sobornos que incluyó a empresas constructoras y fiscalizadoras, con el objetivo de ofrecer dádivas y sobornos a funcionarios del MOPT y el Conavi, a cambio de obtener jugosos contratos de licitación o agilizar procesos constructivos.
En principio las autoridades hablan de contratos por unos ¢78 mil millones; sin embargo, el monto podría ser aún mayor.
Si se comprueba en sentencia firme que sí pagaron sobornos a los funcionarios del Conavi, varias empresas podrían ser inhabilitadas para construir infraestructura vial por un período que oscilaría entre tres y diez años.
Se trata de las compañías H Solís, Meco, Constructora Herrera y Also Frutales, entre otras.
Esas constructoras han sido vitales en el desarrollo de infraestructura en los últimos años, ya que construyen o han terminado proyectos como Circunvalación Norte, el nuevo puente sobre el Río Virilla a la altura del Saprissa y los pasos a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, Guadalupe y La Bandera.
La sanción para las empresas en sede administrativa, implicaría la inhabilitación para construir cualquier infraestructura vial para todo el Estado, por un período que va desde los tres años y hasta los diez años, según una reforma a la ley de contratación administrativa aprobada en 2019 y que fue impulsada por Karine Niño, diputada de Liberación.
