Pesada carga: Maestros quieren acuerdo laboral
María Cisneros redaccion@larepublica.net | Martes 31 julio, 2012
Habría beneficios para no menos de 70 mil personas
Pesada carga: Maestros quieren acuerdo laboral
Convención colectiva sería la primera para educadores
Los maestros impulsan en este momento una convención colectiva, para mejorar su situación laboral y, según ellos, las condiciones en que se encuentran los estudiantes de la educación pública.
Sin embargo, se trata de multimillonarios nuevos gastos, para el Estado, cuyas finanzas ya son deficitarias.
Si fueran ratificadas todas las condiciones del acuerdo propuesto, implicaría un considerable aumento en el presupuesto del Ministerio de Educación, ya que involucraría a más de 70 mil personas, actualmente mejor compensadas que sus homólogos del sector privado.
La propuesta convención brindaría a los educadores varios beneficios en sus compensaciones, adicionales a los que actualmente tienen, como la cesantía de hasta 20 años e incapacidades por maternidad de dos años.
Los gastos contemplados por el acuerdo tendrían que ser financiados por los impuestos, que pagan los demás costarricenses o por deuda que deberá contraer el gobierno.
Una política de trabajo decente es necesaria para evitar “las condiciones paupérrimas” en que se encuentran muchos trabajadores de la educación, aseguró Mario Rojas, secretario de asuntos jurídicos del Sindicato de Educadores Costarricenses, en una entrevista con LA REPUBLICA la semana pasada.
Algunos elementos de la propuesta convención ayudarían a fortalecer la calidad de la educación pública, como los años sabáticos para estudios o investigaciones, o el mejoramiento de la infraestructura educativa.
No obstante, el acuerdo que pretenden alcanzar los maestros más que todo implica beneficios, que recibirían directamente los educadores, cuya compensación actual ya es mayor a la que reciben los profesionales del sector privado.
Un maestro de colegio público el cual cuente con cinco años de experiencia en un caso típico gana alrededor de ¢750 mil mensuales, similar a lo que recibe un colega educador en un colegio privado, de acuerdo con una investigación hecha por LA REPUBLICA.
Sin embargo, conforme pasa el tiempo, gana más el maestro del sector público, ya que cuenta con varios pluses, como incrementos de salario mayores, anualidades, dedicación exclusiva, y salario escolar, sumado a beneficios como días laborales para asistir a congresos de organizaciones gremiales, privilegios que no están en el sector privado.
El otorgar todos los privilegios adicionales, que están pidiendo los educadores dentro de la convención colectiva, debilitaría aún más las finanzas del gobierno, las cuales ya se encuentran en una situación complicada ya que solo este año gastará unos $2 mil millones más de lo que son los ingresos estatales.
Aparte del costo directo, una convención de este tipo abriría la posibilidad de que algún nuevo beneficio proporcionado a los educadores, se haga extensivo a todos los empleados de los distintos ministerios, dado que cualquier otro funcionario podría acudir a la Sala IV para exigir el reconocimiento de los mismos derechos.
Aunque existen convenciones colectivas, que determinan varios temas laborales en la mayoría de las instituciones autónomas, este tipo de negociaciones, con excepción del Ministerio de Trabajo, no existen en ninguna parte del Gobierno central, en el cual se aplica el régimen de Servicio Civil.
Bernal Rodríguez
brodriguez@larepublica.net
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Pesada carga: Maestros quieren acuerdo laboral
Convención colectiva sería la primera para educadores
Sin embargo, se trata de multimillonarios nuevos gastos, para el Estado, cuyas finanzas ya son deficitarias.
Si fueran ratificadas todas las condiciones del acuerdo propuesto, implicaría un considerable aumento en el presupuesto del Ministerio de Educación, ya que involucraría a más de 70 mil personas, actualmente mejor compensadas que sus homólogos del sector privado.
La propuesta convención brindaría a los educadores varios beneficios en sus compensaciones, adicionales a los que actualmente tienen, como la cesantía de hasta 20 años e incapacidades por maternidad de dos años.
Los gastos contemplados por el acuerdo tendrían que ser financiados por los impuestos, que pagan los demás costarricenses o por deuda que deberá contraer el gobierno.
Una política de trabajo decente es necesaria para evitar “las condiciones paupérrimas” en que se encuentran muchos trabajadores de la educación, aseguró Mario Rojas, secretario de asuntos jurídicos del Sindicato de Educadores Costarricenses, en una entrevista con LA REPUBLICA la semana pasada.
Algunos elementos de la propuesta convención ayudarían a fortalecer la calidad de la educación pública, como los años sabáticos para estudios o investigaciones, o el mejoramiento de la infraestructura educativa.
No obstante, el acuerdo que pretenden alcanzar los maestros más que todo implica beneficios, que recibirían directamente los educadores, cuya compensación actual ya es mayor a la que reciben los profesionales del sector privado.
Un maestro de colegio público el cual cuente con cinco años de experiencia en un caso típico gana alrededor de ¢750 mil mensuales, similar a lo que recibe un colega educador en un colegio privado, de acuerdo con una investigación hecha por LA REPUBLICA.
Sin embargo, conforme pasa el tiempo, gana más el maestro del sector público, ya que cuenta con varios pluses, como incrementos de salario mayores, anualidades, dedicación exclusiva, y salario escolar, sumado a beneficios como días laborales para asistir a congresos de organizaciones gremiales, privilegios que no están en el sector privado.
El otorgar todos los privilegios adicionales, que están pidiendo los educadores dentro de la convención colectiva, debilitaría aún más las finanzas del gobierno, las cuales ya se encuentran en una situación complicada ya que solo este año gastará unos $2 mil millones más de lo que son los ingresos estatales.
Aparte del costo directo, una convención de este tipo abriría la posibilidad de que algún nuevo beneficio proporcionado a los educadores, se haga extensivo a todos los empleados de los distintos ministerios, dado que cualquier otro funcionario podría acudir a la Sala IV para exigir el reconocimiento de los mismos derechos.
Aunque existen convenciones colectivas, que determinan varios temas laborales en la mayoría de las instituciones autónomas, este tipo de negociaciones, con excepción del Ministerio de Trabajo, no existen en ninguna parte del Gobierno central, en el cual se aplica el régimen de Servicio Civil.
Bernal Rodríguez
brodriguez@larepublica.net
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net