Estado ahorraría ¢7 mil millones en 541 jubilados, según Supen

Poder Judicial se libra de tope a pensiones

Funcionarios con 20 años o más de servicio no son negociables

Los actuales y futuros pensionados del Poder Judicial se encuentran en un régimen donde pueden aspirar a altas jubilaciones.
Solo en 541 pensionados, el Estado se ahorraría ¢7 mil millones anuales, según cálculos de la Superintendencia de Pensiones.

La pensión más alta en el Poder Judicial es de ¢9 millones mensuales y otras se ubican entre ¢6 millones y ¢7 millones.
Los magistrados, jueces y otros funcionarios del tercer poder de la República no tienen un tope. La Sala Constitucional lo eliminó en 2010.
Hoy un proyecto de ley enviado por la Corte pretende imponer un nuevo límite, pero no será tan bajo como en otros regímenes.
La pensión máxima para un exempleado judicial se fijaría en unos ¢4,4 millones, que es 12 veces el salario de un auxiliar judicial.
Entretanto, en el IVM de la Caja, el techo es ¢1,4 millones mensuales hasta ¢1,6 millones con postergación, mientras el Régimen de Hacienda quedó en ¢2,3 millones.
Uno de los argumentos para establecer el monto es que los empleados judiciales cotizan cuatro veces más que otros afiliados.
Adicionalmente, se dice que los empleados judiciales continúan aportando al Seguro de Maternidad y Enfermedad de la Caja, una vez jubilados.
“¿Pensiones de lujo? No es cierto. Solo el 1% de los empleados del Poder Judicial gana más de ¢3 millones”, dijo Adriana Orocú Chavarría, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura.
Por otra parte, la reforma de ley plantea que no se modifiquen las condiciones de los empleados judiciales con al menos 20 años de servicio, que se estiman en 450 personas.
“Se sustenta en resoluciones de la Sala Constitucional y de la OIT. Es el respeto al régimen de pertenencia, 20 años es más de la mitad de la vida laboral en este caso”, explicó Orocú.
A la fecha, el Régimen del Poder Judicial tiene cerca de 3 mil pensionados y casi 13 mil trabajadores. Las reservas del fondo rondan los ¢376 mil millones.
El cambio hecho para el régimen de Hacienda fue visto con buenos ojos por la Supen, no así el proyecto del Poder Judicial.
“El gobierno tiene que continuar. El paso que dio fue el banderazo de salida, pero faltan otros topes a pensiones”, indicó Édgar Robles, superintendente de pensiones.
La Supen fiscaliza el fondo de pensiones del Poder Judicial y mantiene la tesis de que el régimen colapsará dentro de 13 años.
No obstante, un estudio en poder de la Asociación Costarricense de la Judicatura, señala que el fondo es autosostenible hasta 2059 sin ninguna reforma.
En este momento existe un compromiso del gobierno para que el proyecto se vea en sesiones extraordinarias. Hasta ayer, no había sido convocado.
“Será una discusión clara y abierta del costo fiscal que ese régimen va a traer al país. Las reservas se agotan”, advirtió Robles.

María Siu Lanzas
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