Procuraduría evaluará legalidad en cobro de marchamo

La Procuraduría analizará si el cobro del impuesto a la propiedad de los vehículos que realiza el Ministerio de Hacienda se hace en forma legal, luego de que los diputados aprobaran hacer la consulta a esa dependencia.
Los legisladores tienen dudas de que se procediera con legalidad debido a que los parámetros utilizados para definir las tarifas de cobro no han sido publicados en el diario oficial La Gaceta.
La tabla que está publicada actualmente es de noviembre del año pasado y en ella se establece un cobro base de ¢410 mil, el cual sube en forma escalonada.
En la nueva tabla que utiliza Hacienda, aún no publicada en el diario oficial, se establece un piso de ¢370 mil, y a partir de ahí se fijan los montos para cada tramo, cuyo tributo aumenta en forma escalonada, según sube el valor del vehículo.
“Es una ilegalidad monumental”, dijo Otto Guevara, diputado libertario, mientras que otros legisladores, como Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, coincidieron en que no se actuó con base en la ley.
Para Guevara, la tasa para el cobro debió ser la del año pasado, mientras que los funcionarios de Hacienda, entre ellos el ministro Helio Fallas, señalaron que actuaron a derecho y que siempre se hace el cobro por adelantado.
Si se hiciera en enero, las personas entrarían en mora por el tema del seguro obligatorio de vehículos, explicó Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.
Durante la comparecencia se pidió a Fallas revisar la metodología que se aplica para definir la tasa del impuesto.
Hacienda hará la revisión aunque será para futuro, debido a que todos los esfuerzos se concentran en el tema del déficit fiscal. Además, tendrá que ser un estudio muy meticuloso que contemple incluso los posibles efectos para los ingresos del gobierno, estimó el jerarca.